Las pensiones dignas ya existen, pese a la manipulación de los jubilados

Las pensiones dignas ya existen en España, desde hace mucho, y se demuestran en varias cifras inapelables: la retribución media mensual es de 1.077€ (igual a la de Alemania o Francia y superior a la del Reino Unido); el gasto total anual representa el capítulo más importante del Estado (unos 139.000 millones), la revalorización de todas ellas, contributivas o no, las ha duplicado desde 2001 hasta hoy y su impacto en el PIB es del 11.5%, dos puntos por encima de la media europea. Todos los datos figuran en un elocuente informe que este periódico publica hoy, digno de lectura reposada.

España tiene pensiones dignas como media y trata con decencia a la mayor parte de los jubilados

Con estas cifras y alguna más, no se puede afirmar sin caer en la mentira o la media verdad que en España no hay pensiones dignas, como hacen Podemos y PSOE, instigador además el primero de las manifestaciones de jubilados a través de un militante colocado como portavoz de la enésima coordinadora de causas nobles utilizadas como excusa para la mera confrontación con el Gobierno.

Y sin embargo, siendo tan evidente la abismal distancia entre el esfuerzo titánico del Estado -de todos pues- por mantener el sistema de pensiones que se merecen nuestros mayores y mejorarlo como sea en los casos más desfavorecidos -el 5% de pensiones no contributivas y las de viudedad-; se ha impuesto una idea falsa e interesada en el sentido opuesto de abandono que ha logrado movilizar a una porción no desdeñable de pensionistas impulsados por una preocupación emocional gestionada por los habituales círculos políticos y amplificada, de manera acrítica, por buena parte de las televisiones.

Si esta polémica sirve para analizar qué porcentaje de pensiones exacto necesita una urgente alza, habrá merecido la pena tanta manipulación, pues es obvio que con 700 euros de pensión contributiva mínima o 400 de pensión no contributiva es muy difícil sobrevivir en un país en el que los pensionistas, además, han sido y son un valeroso colchón familiar ante la crisis.

Mejor luz y gas

Y si vale además para estudiar otras medidas que serían bastante más beneficiosas que la revaloración con arreglo al IPC, aún mejor: el precio de suministros básicos como la luz, el gas o el teléfono es inasumible para el bolsillo medio, y desde luego también para muchos pensionistas.

Pero esto no se debe hacer desde la demagogia, inflamando realidades parciales para convertirlas en categoría, despreciando la verdad objetiva del sistema ni negando la necesidad de repensarlo en una España envejecida, con una población activa limitada, un desempleo alto, una esperanza de vida felizmente amplia, una productividad discreta y unos salarios medios bajos que llevan a una conclusión inquietante: cada trabajador dedica ya el 28.3% de su coste real al sistema de pensiones, y con su retribución -que de media es igual a la pensión media española- debe mantenerse a sí mismo y a otras tres personas entre pensionistas, parados y niños.

El colmo del cinismo es Pedro Sánchez, que votó a favor de congelarlas y de elevar a 67 la edad de jubilación

Incluyendo por cierto unas sospechosas pensiones por incapacidad permanente que exigen una investigación oficial: no es normal que  4 de cada 10 jubilaciones pertenezcan a este epígrafe en comunidades como Andalucía y Extremadura. Una tasa que duplica la de otras Comunidades y tiene indicios de fraude: si lo es, ahí tiene el Estado donde actuar para recolocar ese gasto, por ejemplo, en las pensiones más bajas.

La tasa de reposición española es del 80%, veinte puntos más que en Europa, lo que significa que en la jubilación se reciben 8 de cada 10 euros del sueldo que se tenía en activo. Contraponer a las magnitudes generales los sangrantes casos individuales que cada día se proyectan en televisión y presentarlos como retrato global de la tercera edad es casi indecente, especialmente cuando esa caricatura procede de partidos que hasta ayer culpaban a los mayores de evitar el cambio o de sindicatos que, mientras exigen más para los jubilados, no tienen empacho en forzar al Gobierno a firmar alzas salariales de hasta el 9% en la función pública, más días libres y menos jornada.

El colmo del cinismo lo encarna el líder del PSOE, Pedro Sánchez, sumándose de nuevo a una ola cuyos beneficios políticos serán para otro, tras haber votado como diputado de Zapatero una congelación de las pensiones, el aumento del periodo de cálculo y la extensión de la edad de jubilación hasta los 67 años.

España tiene una deuda del 100% de su PIB y un sistema productivo sustentando en el titánico esfuerzo de pymes, empresas familiares y pequeño comercio que dificulta su competitividad en un mundo donde el tamaño importa: son magnitudes inquietantes a futuro que, combinadas con la pirámide poblacional y el desempleo, obligan a reformarlo casi todo para garantizar la pervivencia y consolidación de un Estado de Bienestar digno de tal nombre.

Pero casi nadie detalla, con un mínimo de solvencia y honestidad, qué reformas implantaría y en qué orden, quedándose en el cántico crítico apenas útil para minar al Gobierno y retratar al centroderecha de PP y Ciudadanos (disparados conjuntamente en los sondeos) como una entente malvada incapaz de tener sensibilidad con el español medio.

Otras reformas urgentes

Porque la gran petición al Gobierno, y al propio Parlamento, debería de ser que aplicara la misma lupa a todo que al sistema de pensiones, analizando con la misma pulcritud la sostenibilidad del inmenso aparataje que conforma la Administración Pública en sus tres niveles nacional, autonómico y regional.

Nadie se atreve a analizar fríamente el sobrecoste de esto, aunque todos sepan que es inmenso e innecesario, optando todos por un debate empobrecedor y epidérmico que apela a los sentimientos y los distorsiona en lugar de a las razones, las cifras y las prioridades.