Los Rohingya, un año huyendo del horror

En agosto de 2017 la milicia oficial de Myanmar, país de mayoría budista, lanzó una ofensiva militar en respuesta a los ataques de los rebeldes Rohingya, musulmanes. Esta situación derivó en un éxodo al que desde entonces están siendo obligados cientos de miles de rohingyas, que muchas veces llegan con terribles heridas a los campos de refugiados. Los ataques llevados a cabo por los insurgentes contra puestos de seguridad en el estado de Rajine provocaba una ola de violencia que se ha saldado con el desplazamiento de unos 700.000 rohingya a Bangladesh, India. 

Este pueblo musulmán asentado en el oeste de Myanmar es objeto de la atención internacional porque sufre desde hace mucho persecución y abusos. Muchos de ellos han optado por huir a países vecinos y el éxodo, la pérdida de sus terrenos, de sus casas, de sus condiciones habituales de vida se pierden quizás ya para siempre. Los rohingya han sufrido décadas de persecuciones en Myanmar, la antigua Birmania, donde la religión mayoritaria es el budismo y se practica una limpieza étnica en toda regla.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido a las autoridades de Birmania abordar con transparencia las acusaciones de violencia contra los rohingya y abrir una investigación al respecto. A pesar de la resistencia inicial mostrada por China a la hora de presionar al Gobierno birmano para que acepte su responsabilidad en el marco de la crisis, el Consejo de Seguridad finalmente llegaba en mayo a un acuerdo en relación con el borrador presentado por Reino Unido, que busca que Birmania permita el acceso a la ayuda humanitaria en el área de Rajine, que además es la más pobre del país.

En junio, el gobierno de Myanmar firmó un acuerdo con Naciones Unidas en el que se comprometía a facilitar la repatriación segura, voluntaria, digna y sostenible de los más de 700.000 refugiados desplazados, pero la milicia sigue sin reconocer las atrocidades cometidas. En ese escenario de caos y violencia, la ayuda proporcionada por ONG como Acnur ha sido fundamental. El problema es que muchos de los asentamientos Rohingya, además de sufrir incendios y devastaciones, se encuentran ahora suplantados por nuevas carreteras e infraestructuras de la milicia.

El gobierno de Aung San Suu Kyi insiste por otro lado en que sólo los refugiados con la documentación identificativa en regla podrán retornar legalmente, lo cual no hace sino elevar la desconfianza entre las dos partes y produce una desazón por lo difícil que va a resultar que se reconcilien. Sin un acuerdo más profundo que eleve sus derechos como ciudadanos al mismo nivel que el resto de la población del país, su situación apenas cambiará frente a la que tenían hace un año. Mientras tanto la época del Monzón llega a Blangadesh y se teme por la seguridad de los refugiados. La crisis de los Rohingya es un problema de extrema gravedad que conlleva no solo una emergencia humanitaria sino de identidad como comunidad y su integración social.