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El PNV presume de debilidad del PSOE y enseña la factura de lo cobrado a Sánchez
El Gobierno Vasco se regodea y no oculta su satisfacción. Ha logrado del gobierno socialista las competencias que no esperaba, entre ellas algunas "de Estado" que se le resistían.
Casi un pleno. El PNV saca pecho de los rendimientos que le está reportando la desesperada situación política de Pedro Sánchez.
Los Gobiernos central y vasco iniciarán en febrero la negociación sobre un listado de 33 competencias pendientes de transferir a Euskadi, en el que se incluye la gestión de prisiones, pero no el régimen Económico de la Seguridad Social, una materia que el Ejecutivo vasco considera "prioritaria" y que aparece recogida en el Estatuto de Gernika. Dicho listado aparece recogido en un documento elaborado por el gobierno de Pedro Sánchez, que ha fijado un plazo de un año para culminar estos traspasos.
El inminente inicio de este proceso negociador ha sido anunciado por el Ejecutivo de Vitoria, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, en la que ha explicado que, pese a las "discrepancias" que existen entre ambas partes en materia de traspasos competenciales, el gabinete de Iñigo Urkullu no "desaprovechará" la ocasión de seguir avanzando en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía de Euskadi.
En el calendario de trabajo que la Administración central ha remitido al Gobierno Vasco se hace referencia al traspaso de 33 materias.
Las conversaciones entre ambas Administraciones -que a finales del año pasado ya acordaron algunos traspasos menores relacionados con ferrocarriles y carreteras- comenzarán a partir de la primera semana de febrero, cuando el Gobierno central presentará una primera propuesta para transferir a Euskadi siete materias.
Como paso previo, al inicio de este proceso negociador, el gabinete de Pedro Sánchez ya ha remitido al Gobierno Vasco un calendario de trabajo en el que se recogen las materias sobre las que la Administración central está dispuesta a negociar este año.
Entre las 33 materias incluidas en este documento, cuya negociación se realizará a lo largo de distintas fases durante los próximos 12 meses, se incluye una a la que rodea la polémica: la gestión de prisiones ubicadas en Euskadi.
