| 19 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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ASAJA llevará a Bruselas la anulación del Plan Hidrológico del Tajo

| Redacción Alicante Edición Alicante

Jóvenes Agricultores-ASAJA Alicante ha anunciado que estudia interponer ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un recurso ante la decisión del Tribunal Supremo (TS) de anular el Plan Hidrológico del Tajo por no establecer los caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.

La decisión del Alto Tribunal "complicará", a juicio de los agricultores alicantinos, el envío de caudales al río Segura a través del trasvase, por lo que Jóvenes Agricultores-ASAJA Alicante "perjudica seriamente los intereses de los agricultores de Alicante, Murcia y Almería".

Por ello, y ante esa situación, ASAJA ha decidido adoptar las medidas necesarias y realizar todas las gestiones posibles en el seno de la Unión Europea para que la sentencia "no surta efecto" y al ser un fallo del Tribunal Supremo solo cabe recurso ante el tribunal europeo.

Así lo ha anunciado el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, que ha destacado "la urgencia de impedir que se limite el Trasvase Tajo-Segura, que es imprescindible para la supervivencia de cultivos como los cítricos, las hortalizas y frutales de hueso y pepita que hay en el sureste peninsular".

El presidente también ha recordado el número de puestos de trabajo que dependen de esta infraestructura: Más de 300.000 empleos relacionados con la agricultura y el turismo en Alicante, Murcia y Almería.

"Nosotros, los agricultores, pagamos por el agua y con ella generamos empleo y alimentos, tratamos de mejorar la vida de las personas", ha destacado Aniorte.

El presidente también ha recordado que el trasvase es una infraestructura "vital" de la que depende la economía agraria de la Vega Baja y el campo de Elche. Estas dos zonas suponen más del 58% de la agricultura que se desarrolla en la provincia de Alicante en términos de renta agraria.

Teniendo en cuenta la importancia del trasvase Tajo-Segura, el presidente de la organización ha reflexionado acerca de que la decisión judicial "podría estar influencia por presiones políticas" y condiciona su cumplimiento y el mantenimiento de la infraestructura al resultado que se obtenga en las urnas en las elecciones generales del 28 de abril.