15 de septiembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Los nuevos impuestos que nos vienen encima

Si España no cumple el déficit y Bruselas aprieta, el Gobierno ya tiene respuesta: subir los impuestos 'verdes' y 'castigar' el consumo de bebidas con azúcar. Éste es el plan previsto.

Los impuestos clásicos, que se dirigen a la renta, no subirán ni este año ni el siguiente. Pero sí lo harán, en cualquier momento, otros más escondidos pero de gran impacto si Bruselas atosiga a España con el cumplimiento del déficit. El Gobierno no sólo sabe; además ya tiene previsto como cuadrar el círculo que supone anunciar bajadas fiscales y, a la vez, incrementar en 20.000 millones de euros los ingresos anuales: los impuestos medioambientales y a los azúcares son los flancos elegidos por el Ejecutivo para intenar cumplir con todos a la vez.

El Gobierno cree que con impuestos verdes y a las bebidas azucaradas recaudaría otros 500 millones

El Gobierno ha remitido este misma semana a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad Presupuestaria 2017-2020, en el que señala que si a lo largo del ejercicio se produjese algún riesgo de desviación del objetivo de déficit aprobaría los impuestos medioambientales y el impuesto sobre las bebidas azucaradas para asegurar el cumplimiento de la meta de déficit del 3,1%.

Así figura en la actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020, enviado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a la Comisión Europea junto al Plan Nacional de Reformas 2017, en el que señala que si a lo largo del ejercicio los datos de ejecución presupuestaria, mostrasen algún riesgo de desviación del objetivo, se adoptarían las medidas ya comprometidas en la actualización del Plan Presupuestario remitido en diciembre.

 

 

En concreto, el Gobierno pondría en marcha los impuestos medioambientales y el impuesto sobre las bebidas azucaradas, con los que prevé que ingresaría unos 300 y 200 millones de euros, respectivamente. No obstante, destaca que, conforme a la evolución de las principales variables fiscales, España cumplirá el objetivo de déficit de 2017 fijado en el 3,1% del PIB, así como con el ajuste estructural requerido. "Esto es posible gracias a las medidas adoptadas hasta ahora, en particular las aprobadas en diciembre de 2016, y a la contención del gasto público deriva de la aplicación de la regla de gasto", explica en el documento.

En cuanto a las nuevas medidas tributarias, tal y como se recogía ya en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, pasan a tributar al 10% los espectáculos culturales en vivo, así como las monturas de gafas graduadas, lo que supone un descenso desde el 21% actual.

Respecto a los impuestos especiales, en el Impuesto sobre Hidrocarburos se reduce el importe de las cuotas a devolver por el gasóleo utilizado en la agricultura y ganadería, al objeto de adecuar la normativa interna al derecho de la UE.

Bajar el déficit al 0.5% en 2020

El documento mantiene el compromiso con la senda de consolidación fiscal fijada, cumpliendo con las recomendaciones del Consejo Europeo de agosto de 2016 y reduciendo el déficit público por debajo del umbral del 3% del PIB en 2018. Así, los objetivos de déficit para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 se mantienen en los niveles ya aprobados el pasado mes de diciembre, del 3,1%, 2,2% y el 1,3%, respectivamente.

Como novedad se establece un objetivo de déficit para el año 2020 en el 0,5% del PIB, correspondiente solo al desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social. Las ratios de ingresos y gastos públicos sobre PIB irán convergiendo paulatinamente hasta situarse en el entorno del 39%. La ratio de ingresos respecto al PIB pasará del 38,3% en 2017 al 38,7% en 2020 gracias al favorable escenario macroeconómico, la recuperación del mercado de trabajo y al incremento de las bases imponibles.

El Gobierno estima que la deuda pública puede bajar al 92% del PIB de aquí a cuatro años

Por su parte, la ratio gastos se reducirá desde el 41,5% en 2017 al 39,2% en 2020, a un ritmo cercano a punto porcentual anual, consecuencia de la contención del gasto público, cuyo crecimiento se sitúa por debajo del crecimiento del nominal del PIB.

Así, la previsión para la deuda pública es que mantenga su tendencia decreciente, hasta situarse en el 92,5% el PIB en 2020. A esta evolución también contribuirá el crecimiento económico y la mejora del saldo primario (saldo público excluyendo el pago de intereses de la deuda), que desde 2018 registrará superávits.

Cambios en impuestos regionales

En cuanto a las medidas comunicadas por las CCAA para el ejercicio 2017 en el marco de los planes presupuestarios a medio plazo, en materia de ingresos éstas provienen en su mayoría de medidas de carácter tributario, como consecuencia de reformas fiscales, de forma similar a 2016.

Destaca el impacto en 2017 de 42 millones de euros del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados, que se sumará a la evolución positiva derivada de la recuperación del mercado inmobiliario y la actividad económica. Adicionalmente, las medidas relativas a Impuestos medioambientales suponen un efecto adicional positivo de 32 millones de euros.

Las CCAA prevén dedicar 471 millones a terminar de devolver una paga extra suspendida a los funcionarios

Las medidas de naturaleza no tributaria, cuyo impacto adicional global en 2017 asciende a 42 millones de euros, consisten en medidas relativas a la enajenación de inversiones reales. Entre las medidas de gastos previstas para el ejercicio 2017 debe indicarse que el incremento del gasto derivado del abono parcial de la devolución de la paga extraordinaria suprimida en diciembre de 2012 asciende a 471 millones de euros en el ejercicio 2017, al abonarse una cuantía inferior a la del ejercicio 2016 .

Para el escenario 2018-2020, en materia de ingresos destacan las relativas a los impuestos medioambientales, especialmente en el ejercicio 2018, con 96 millones de euros, a lo que se sumará el impacto positivo previsto en relación con otros tributos, que asciende a 72 millones de euros en 2017 y a 53 millones de euros en 2018.

Más gasto en pensiones

En lo que respecta al ámbito de la Seguridad Social, se prevé un crecimiento del gasto en pensiones del 3,1% para 2017, si bien los incrementos futuros de gasto serán menores e inferiores en media al 3%, suponiendo, una reducción del gasto en términos de PIB debido al impacto de las reformas en vigor desde 2013. De esta forma, el gasto dedicado a pensiones previsto para el periodo contempla un aumento aproximado del 12%.

El presupuesto consolidado de ingresos no financieros del Sistema de la Seguridad Social para el año 2017 asciende a 125.967 millones de euros. La principal fuente de financiación la constituyen las cotizaciones sociales, con un importe para este año de 110.560 millones de euros, un 5,7% menos.

 

Por otro lado, el Gobierno ha recordado que entre 2015 y 2017 se ha producido un descenso de la aportación del Estado a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que ha pasado de los 10.109 millones de euros del primer año a los 1.634 millones de euros destinados al organismo para este año. De cara a 2018, el Gobierno prevé continuar con la tendencia de descender la aportación al SEPE y espera que para 2019 esta institución pueda hacer frente a todos sus gastos con sus propios ingresos.

Por lo tanto, la aportación media del Estado a los presupuestos del SEPE disminuirá en el periodo 2017-2019 un 91,48%, si se compara con el periodo 2014-2016.

Más crecimiento

La actualización del cuadro macroeconómico para el periodo 2017-2020 recoge una revisión de dos décimas al alza del crecimiento de la economía española para este año, pasando del 2,5% al 2,7%, y un crecimiento del 2,5% en 2018, que se moderará al 2,4% en 2019 y 2020. En cuanto al IPC, la previsión del deflactor del consumo privado es del 1,5% este año, del 1,6% en 2018, del1,7% en 2019 y del 1,8% en 2020.

En materia laboral, el Gobierno prevé que la tasa de paro bajará al 11,2% a finales de 2020 (11,9% en media anual), lo que supone 16 puntos menos desde el pico máximo cercano al 27% que se alcanzó con la crisis en el primer trimestre de 2013. El ritmo de reducción previsto es de dos puntos por año, con lo que los 20 millones de ocupados que había al inicio de la recesión se alcanzarán a finales de 2019, si se cumplen las previsiones.

Menos impuestos... medioambientales sólo

Para justificar una eventual subida de los impuestos citados, el Gobierno se amparará en la comparación con el resto de la UE. España recauda el 5,6% del PIB por impuestos medioambientales, por debajo del promedio de la UE-28, que alcanza el 6,8% del total, según datos de Eurostat de 2015 recogidos por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). La Unión Europea ha propuesto recientemente aumentar sustancialmente la aportación de estos impuestos al total de ingresos fiscales, en línea con la idea de lograr una Europa más eficiente en la utilización de recursos.

 

En el año 2015, una serie de países de la UE consiguieron una recaudación de los impuestos medioambientales superior o en torno al 10% del total de ingresos fiscales. Entre los 'impuestos verdes', más de tres cuartas partes corresponden a tributos energéticos, mientras que los impuestos sobre el transporte suponen casi un 20% y los impuestos sobre la contaminación llegan a un 3,5% del total.

Cerca del 5,6% que recauda España por estos tributos, se sitúan Austria y Eslovaquia, que comparten un 5,5%, mientras que Suecia se sitúa en un 5,1% y Alemania en un 5%. Los últimos lugares en el ranking de la UE corresponden a Luxemburgo (4,9%), Francia (4,8%) y Bélgica (4,7%).

Por el contrario, Croacia se coloca en primer lugar con un 10,9%, figurando a continuación Eslovenia (10,6%), Grecia (10,3%) y Bulgaria (10,0%). Letonia, Malta, Chipre y los Países Bajos se sitúan en torno a un 9%, mientras que Dinamarca llega a un 8,6%; seguida de Irlanda (8%) e Italia (7,9%). El Reino Unido, Portugal, Hungría y Finlandia también superan el promedio europeo. Levemente por debajo de la media están Lituania y la República Checa.

 

Presión del FMI y de la UE

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a España a ampliar la base del IVA e incrementar los impuestos especiales y medioambientales con el objetivo de favorecer el crecimiento, en la misma línea que ya baraja el Ejecutivo.

Así se desprende del informe 'Fiscal Monitor' elaborado por la institución presidida por Christine Lagarde, que prevé que el déficit público en España alcance el 3,3% del PIB en 2017, el tercero mayor entre las economías avanzadas, por detrás de Estados Unidos y Japón, ambos con un 4%. En concreto, las previsiones del FMI apuntan a que España no será capaz de cumplir los objetivos de déficit pactados con Bruselas para 2017 y 2018, cuando el desequilibrio de los presupuestos será respectivamente del 3,25% y del 2,71%, frente a la meta del 3,1% para este año y del 2,2% para el siguiente.

De hecho, el déficit español no bajará al -2,2% al menos hasta 2021, según los datos manejados por el FMI, ya que para 2019 alcanzará el 2,4% del PIB y un año después será del 2,3%, situándose en el 2,2% en 2021 desde donde repuntaría al 2,3% en 2022. "Un ajuste fiscal que favorezca el crecimiento podría conseguirse a través de ampliar la base del IVA e incrementar los impuestos especiales y medioambientales", precisa sobre España el documento redactado por el FMI.

Asimismo, el informe insiste en que el anuncio de un incremento gradual de los tipos reducidos de IVA hacia el tipo general "podría respaldar el crecimiento en el corto plazo a través de un impulso en el consumo de los hogares". Por otro lado, el FMI prevé que la deuda pública española acabe este año en el 98,5% del PIB, frente al 99,3% de 2016, para reducirse gradualmente al 97,8% en 2018 y situarse en el 93,9% para 2022. En 2008, la deuda pública española equivalía al 39,4% del PIB.

 

 
Comenta esta noticia
Update CMP