Las funerarias madrileñas ya trasladan cadáveres a otras comunidades

Las funerarias madrileñas se están viendo obligadas a trasladar cadáveres a otras comunidades autónomas para agilizar las incineraciones, que ya se estaban retrasando hasta quince días en la capital. De esta forma, están consiguiendo reducir los plazos hasta las 48/72 horas. Los movimientos se hacen en furgonetas en las que caben cuatro cuerpos hasta ciudades como Bilbao, Murcia, Cáceres o Toledo con el objetivo de evitar que las familias prolonguen su duelo.

La funeraria municipal cuenta con siete hornos repartidos entre cementerio Sur y La Almudena y operan además cuatro funerarias privadas: Parcesa, Los Remedios, Interfunerarias y Servisa, entre todas alcanzan la cifra de 21 crematorios y cada uno puede hacer 7 u 8 cremaciones al día. Todas ellas han reforzado sus plantillas y los trabajadores los turnos, que están llegando a trabajar 60 horas semanales para hacer frente a las consecuencias de esta crisis sanitaria que asola al país, pero aún así siguen desbordados.

Marzo es un mes que registra de media unas 70 defunciones al día en la capital, según la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef). Ahora, durante el coronavirus, la cifra se multiplica por dos y por tres.

La crisis de coronavirus ha conllevado también un cambio en la forma en la que los familiares se despiden de sus seres queridos fallecidos. El 23 de marzo se envió un documento a todas las funerarias: no se pueden llevar a cabo velatorios de ningún fallecido; y las ceremonias fúnebres o religiosas quedarán pospuestas hasta el final del estado de alarma, mientras que las comitivas para el entierro o la despedida serán de un máximo de tres familiares o allegados, además del oficiante.

Además Sanidad ha decidido intervenir los precios y fijarlos en el mismo nivel que tenían el pasado 14 de marzo para evitar que la tragedia de muertes que está suponiendo el coronavirus sea todavía más costosa. También el Gobierno va a obligar a las funerarias a devolver el dinero de más que hayan cobrado desde el 14 de marzo. Las empresas deberán iniciar de oficio la devolución de dicha diferencia o dejar constancia de las actuaciones realizadas en caso de que no pudiera llevarse a cabo. En este caso, el usuario tendrá un plazo de seis meses desde la finalización del estado de alarma para solicitar el correspondiente reembolso.