28 de octubre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La última cacicada de Pedro Sánchez para acabar con la separación de poderes

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez

El intento de modificar las normas de renovación del CGPJ denota uno de los planes más perversos del Gobierno, que socavaría definitivamente la independencia judicial.

 

Pedro Sánchez ha reconocido públicamente lo que era notorio. Que va a buscar la fórmula para renovar el Consejo General del Poder Judicial unilateralmente,  con consenso o sin él con la oposición. Y como carece de las mayorías suficientes en el Congreso, que son de tres quintos del Congreso, lo intentará con una triquiñuela cambiando la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El objetivo, ya descarado, es controlar como sea el Poder Judicial, y con él el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Y los medios escogidos, inquietantes: modificar las reglas sobre la marcha para adaptar los requisitos de renovación del CGPJ a las fuerzas parlamentarias que tiene el Gobierno.

La Constitución fijaba mayorías muy amplias y cualificadas para evitar que los pilares del Estado se cambiaran y adaptaran a los caprichos y necesidades de cada Gobierno, algo comprensible en ámbitos estructurales como la organización territorial, el sistema político o la independencia de los distintos poderes.

Se trata de limitar la acción del Gobierno, por un lado, pero también de garantizar la viabilidad jurídica del país, por otro, librándolo de la inestabilidad endémica que supondría la revisión de su estructura institucional.

Cuando Sánchez ha tenido un objetivo de este tipo, nada le ha frenado. Buscará la manera de que su trampa se haga ley

La pregunta que cabe hacerse es obvia: ¿Por qué ese empeño de Sánchez en someter al Poder Judicial? Y la respuesta parece evidente viendo las decisiones que ha adoptado en este ámbito desde que llegara a la Moncloa.

Que es bien elocuente: purgó la Abogacía General del Estado; designó Fiscal General a su ministra de Justicia; anunció los indultos de los presos catalanes por sedición; prohibió al Rey acudir a actos judiciales a los que nunca faltó; movilizó a la Fiscalía para acallar las denuncias interpuestas contra su gestión de la emergencia sanitaria y ahora, aspira a que el CGPJ deje de ser un poder independiente para someterse a sus designios.

¿Quién le frena?

Lo normal es que veamos ahora, si se concreta ese plan, un largo listado de recursos ante el Tribunal Constitucional, que debe atenderlos y hacerlos suyos si, de verdad, la separación de poderes sigue siendo un valor definitorio de la democracia española.

Pero que Sánchez esté dispuesto lo dice todo. Y hasta ahora, cuando ha tenido un objetivo de este tipo, nada le ha frenado. Buscará la manera de que su trampa se haga ley, sin duda. Y viendo los precedentes, hay que temer que lo consiga.

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