21 de septiembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La abogada del Gobierno de Sánchez boicotea a la Fiscalía y a Vox en el Supremo

La abogada del Estado en la causa del procés, Rosa María Seoane.

La abogada del Estado en la causa del procés, Rosa María Seoane.

La abogada Rosa María Seoane ha consumado el enjuague del Ejecutivo socialista al rebajar la acusación a los cabecillas del 1-O de rebelión a sedición y pedir la mitad de penas de cárcel.

La Abogacía del Estado consumó este martes su enjuague en la causa del procés con el papelón de la abogada Rosa María Seoane. Que, contrariamente a las conclusiones de la Fiscalía y la acusación popular de Vox, negó que hubiera habido rebelión por parte de los cabecillas en prisión y rebajó el delito a simple sedición.   

Explicó Seoane ante la Sala presidida por el juez Manuel Marchena que la utilización de la violencia "como un medio de mayor intensidad que el uso de la fuerza" no fue uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los encausados.

Edmundo Bal debió de removerse este martes en su escaño, ahora que es diputado de Ciudadanos, al escuchar el escrito de conclusiones de Seoane, la abogada del Estado que en noviembre le sustituyó en la causa del procés.

Fue cuando Pedro Sánchez quiso tener un gesto con los independentistas y obligó a la Abogacía del Estado, a través del Ministerio de Justicia de Dolores Delgado, a rebajar el delito de rebelión a la sedición. Con la consiguiente petición de penas muy inferiores a las de la Fiscalía para los cabecillas del procés, la mitad en términos generales. 

Bal se negó a tal componenda política del presidente socialista y fue destituido fulminantemente como jefe de lo Penal de la Abogacía por "pérdida de confianza". 

 

Este martes su sustituta no solo se dedicó a argumentar el delito de sedición, sino que además se dedicó a torpedear la línea de flotación de la Fiscalía y de los abogados de Vox al pasarse casi más tiempo explicando por qué no hubo tal rebelión. 

Según la representante de los Servicios Jurídicos del Estado, la resistencia activa o pasiva al cumplimiento de la ley que se escenificó de forma especial en la jornada del 1 de octubre de 2017 puede incardinarse perfectamente en el tipo de sedición del artículo 544 del Código Penal, que comprende la existencia de un "alzamiento público tumultuario" que incluye el uso de la fuerza.

Y añadió que la rebelión que defiende la Fiscalía se precisa un alzamiento "violento" que según la Abogacía del Estado no se puede aplicar a los hechos que están siendo juzgados en el alto tribunal.

La distancia entre la rebelión y la sedición es un abismo jurídico con claras consecuencias políticas. Para Oriol Junqueras la Fiscalía solicita 25 años de cárcel y la Abogacía del Estado, 12. Para los Jordis (Sánchez y Cuixart) la Fiscalía solicita 17 años y la Abogacía, 8. Y así sucesivamente. 

Previamente a las conclusiones presentadas por la representante del Ejecutivo socialista habían presentado las suyas los fiscales Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, con un relato demoledor para las defensas de los encausados. 

Zaragoza no dudó en afirmar: "Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 es lo que en la terminología de Kelsen se llama golpe de Estado". 

 

La reacción del independentismo no se hizo esperar. La portavoz de ERC en el Parlament, Anna Caula, llegó a hablar de "relato inventado" y acusó a los fiscales de hacer "un mitin dentro de un tribunal. Un mitin de Vox y al lado de Vox". 

Las conclusiones de los dos abogados de la acusación popular que ejerce Vox, Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, no fueron ni un ápice más suaves. "A diferencia de la sedición, que atenta sólo contra el normal funcionamiento del orden público, el fin último era la rebelión, que atenta contra las instituciones", explicó gráficamente Ortega Smith

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