Anticorrupción y un juzgado investigan los negocios del hermano de Puig

La legislatura valenciana que arranca la próxima semana se prevé de notable complejidad. Por de pronto, en el debate del pleno de investidura del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, previsto para el próximo 12 de junio, y su posterior toma de posesión el domingo 16 (para que asista Pedro Sánchez), el jefe del gobierno valenciano tendrá que enfrentarse con una cuestión candente sobre la mesa: la doble investigación que se está llevando a cabo a las empresas audiovisuales de su hermano, Francisco Javier Puig. 

Una, por parte de la Agencia Valenciana Antifraude. Otra por parte de la Audiencia Provincial de Valencia. En la primera de ellas, según publica el diario 'Las Provincias', la Agencia Antifraude, ve posibles indicios razonables de fraude o corrupción en las empresas de televisión ligadas a las sociedades del hermano de Puig, tras una documentación que ha llegado a la entidad que dirige el ex colaborador de Podemos Joan Linares, y que ha sido motivo de inicio de un proceso de investigación en el que ni siquiera es necesaria la explicación personal de la documentación presentada.

Las empresas investigadas, Kriol y Canal Maestrat, propiedad de los hermanos Adell Bover, con fuertes vínculos con las empresas MasMut y Comunicacions dels Ports, ligadas a Francisco Javier Puig, habrían participado en varios proyectos con las otras dos firmas. De hecho, según el citado diario, las firmas están siendo investigadas también por la Conselleria de Educación y Cultura por las ayudas especiales al valenciano con una subvención de casi 23.000 euros. Además, À Punt excluyó a las tres empresas de un concurso por pactar precios e ir contra la Ley de Contratos Públicos.  Los populares  acaban de solicitar  que comparezca la Mesa de contratación de adjudicación de la televisión pública en el Parlamento valenciano.

La segunda investigación que afecta indirectamente al presidente de la Generalitat, la que lleva a cabo la Audiencia Provincial de Valencia, se remonta, tal como les contamos el pasado mes de febrero en ESdiarioCV, a una denuncia presentada por la diputada del PPCV Eva Ortiz. La Abogacía General de la Generalitat Valenciana en un escrito al Tribunal Superior de Justicia, y ante la denuncia de la también Secretaria General del PPCV, reconoció que el gobierno valenciano había concedido casi 400.000 euros en subvenciones al entramado mediático del hermano de Puig, sin la verificación material de que las ayudas han ido íntegramente a parar a las actividades para las que se solicitaron. 

Las ayudas de Puig a empresas de su hermano le estallan en precampaña electoral

Las sociedades 'Mas Mut Produccions' y 'Comunicaciones del Ports', las dos propiedad del hermano del presidente, recibieron en 2015 y 2016 ayudas para “el fomento del valenciano” sin que hubieran sido justificadas dentro del plazo legal.

“De ello se deriva –alegó la diputada Ortiz en su día- que no pueda conocerse si el importe de la subvención se había dedicado íntegramente a la efectiva realización de las actividades subvencionadas, habiéndose podido incurrir en infracción administrativa o, incluso, en el deber de reintegro de los importes”. De hecho, la verificación material de las subvenciones otorgadas desde 2015 se inició después de que el gobierno regional aprobara un plan de control más estricto verano de 2018.

Las firmas del hermano del presidente han recibido 400.000 euros de subvenciones públicas

En estos cuatro años, sin los nuevos criterios de fiscalización en vigor, 'Mas Mut Produccions' y Comunicaciones del Ports recibieron casi 400.000 euros, repartidos de la siguiente manera: 80.060 euros en 2015, 100.099 euros en 2016, 98.118 euros en 2017 y, a falta de conocerse las ayudas para televisión, 60.717 euros en 2018. 

El Tribunal Superior de Justicia no vió indicios de corrupción en los hechos, pero esta misma semana la Audiencia de Valencia ha reabierto el caso. La Audiencia Provincial considera "indebido en el incipiente momento procesal el sobreseimiento decretado" por el juzgado, pues considera que "el estado de cosas actual muestra la denuncia de unos hechos subsumibles en el delito de falsedad cometida en documento oficial". Por ello, ordenar investigar si el director general de Política Lingüística Rubén Trenzano .

Señala que a tenor de la querella presentada se trata de un funcionario público (Trenzano), que emite un escrito en el ejercicio de sus funciones y hace constar en él a sabiendas unos hechos objetivamente contrarios a la realidad. Por tanto, añade, "es asimilable al delito de falsedad del artículo 390 del Código Penal con independencia de las relaciones políticas entre las partes afectadas" y por ello, ordena que prosiga la investigación y se perfile la existencia o no de los elementos delictivos.

A tenor de la investigación de Antifraude y de la que lleva a cabo la Audiencia no sería de extrañar que la primera comisión de investigación de la X legislatura de les Corts Valencianes tenga como protagonistas a los Puig.