01 de octubre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Marlaska provoca otra crisis en Interior por culpa del casoplón de Iglesias

El sindicato Jupol exige al ministro del Interior que dé un paso atrás en la orden de poner a agentes de la Policía Nacional a vigilar el chalet de Galapagar por ser algo "ilegal".

El casoplón en Galapagar (Madrid) del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y de su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, está provocando un nuevo conflicto en el seno del Ministerio del Interior. Y todo porque su titular, Fernando Grande-Marlaska, habría cometido un absoluta "ilegalidad".

Marlaska, que en los últimos meses ha puesto un especial celo para que ningún vecino pueda manifestarse cerca del chalet de lujo de Iglesias y Montero por la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, acaba de tomar una decisión que ha provocado una rebelión contra el ministro.

 

Así, el sindicato Jupol ha solicitado una rectificación Marlaska, por la orden "ilegal" que ha emitido a la Policía Nacional para que realice las funciones de vigilancia del domicilio del vicepresidente y la ministra.

 

Los argumentos de Jupol

En este sentido, Jupol ha recordado que el domicilio de Iglesias está ubicado en el municipio de Galapagar (Madrid), una demarcación en la que tiene atribuidas las funciones de seguridad la Guardia Civil.

En los próximos días, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se harán cargo de la seguridad perimetral del domicilio familiar de Iglesias y Montero, en sustitución de la Guardia Civil.

Desde Jupol se ha denunciado que esta orden es "completamente ilegal" y choca de frente con la Ley Orgánica 2/1986, del 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, su secretario general, José María García, ha mostrado su "oposición frontal y absoluta a esta decisión".

García ha señalado que "no entiende" los motivos que llevan al Ministerio a realizar ahora esta modificación en las funciones de vigilancia del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, que antes custodiaba la Guardia Civil, "sin ni siquiera dignarse a relatar los motivos".

 

Para Jupol, "lo único que puede acarrear esta decisión es un perjuicio para la imagen pública que tiene actualmente la Policía Nacional, y que se había visto reforzada durante la pandemia sanitaria del Covid-19".

 

 

Comenta esta noticia