El Gobierno se niega al ERTE de los funcionarios que no están trabajando

España cuenta con cerca de tres millones de trabajadores públicos que, al contrario de lo que ha ocurrido con un gran número de trabajadores de la empresa privada, no se han visto afectados por ningún expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con motivo del confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo, y ello a pesar de que muchos no pueden ejercer su labor durante este periodo.

De esta forma, si bien hay empleados del sector público que están trabajando de una manera mucho más intensa durante esta cuarentena, como es el caso de los sanitarios o los miembros de los cuerpos de seguridad, en otras administraciones el confinamiento impuesto en el estado de alarma o la imposibilidad para teletrabajar hacen que tengan mucha menos actividad o, incluso, ninguna durante este tiempo.

En este sentido, en el sector público durante esta cuarentena se están dando tres casos diferenciados: los empleados que están trabajando en sus puestos incluso horas extras que probablemente no cobrarán, principalmente del sector sanitario; los empleados que pueden teletrabajar desde casa como los profesores que atienden a sus alumnos por vía telemática; y los empleados que desarrollan su labor en las oficinas de las diferentes Administraciones y que es prácticamente imposible, en su mayoría, que puedan adaptarse a ejercer sus tareas desde casa en un plazo tan corto de tiempo.

De esta forma, miles de empleados públicos que no pueden trabajar por culpa del confinamiento y cuya labor les impide teletrabajar, en el sector privado responderían al perfil de un ERTE: su contratador no puede ejercer la actividad, el trabajador no puede trabajar ni desarrollarla a distancia y la empresa suspende el pago del salario y de las cotizaciones, las cuales son asumidas por el Estado en los términos remunerados que la ley establece, con el compromiso de que será readmitido en las mismas condiciones unas vez pueda retomar su puesto de trabajo.

Pero mientras que el Gobierno en el Real-Decreto Ley publicado a este respecto permite a las empresas españolas hacer un ERTE exprés de “fuerza mayor” -o que se acojan a un ERTE con plazos más ágiles-, en las empresas públicas y en las administraciones esto no es posible, por lo que los funcionarios no verán afectados sus ingresos aunque no ejerzan su labor durante este periodo de confinamiento.

Hacer un ERTE en la Administración supondría un ahorro para el Estado ya que los afectados por estos expedientes pasan a cobrar un 70% de la base reguladora con un máximo de 1.098,09 euros al mes. En España se destinan cada año 127.000 millones de euros a salarios de empleados públicos -según datos de 2018- y se mantiene en nómina a 2,59 millones de trabajadores (con datos a cierre de julio de 2019).

De ellos, el Estado Central cuenta con 513.954 empleados públicos (231.760 de la Administración General del Estado, 257.816 de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 24.378 de la Administración de Justicia), 1,49 millones son funcionarios de las Comunidades Autónomas y 538.317 de la Administración Local. El 57,7% trabaja en órganos autonómicos, el 19,8% en el Estado central y el 22,43% en las entidades locales.