La Subdelegación del Gobierno contra el Ayuntamiento de Benidorm

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benidorm ha sufrido un varapalo procedente de la Subdelegación del Gobierno en Alicante que, a través de una resolución, ha dado de plazo un mes para que el alcalde anule el acuerdo plenario en el que se aprobó la Valoración de Puestos de
Trabajo (VPT) municipal.

Aquella propuesta de aprobación fue votada a favor el pasado mes de mayo por todos los grupos municipales y solo contó con la abstención de los dos concejales no adscritos.

Sin embargo, la Subdelegación considera en su resolución, a la que ha tenido acceso ESDiarioCV que el Ayuntamiento “ha infringido los preceptos legales”.

El principal argumento que emplea el organismo es que el Real Decreto Ley 24/2018 determina que las retribuciones del personal funcionarial no podrá experimentar “un aumento global superior al 2,25% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018”. A la vista de la documentación que
remitió el Consistorio la Subdelegación estima que “no se cumple” con lo previsto en el Real Decreto y precisa que el acuerdo plenario conlleva modificaciones en las retribuciones complementarias de los puestos de trabajo afectados que sí serían superiores a ese porcentaje.

El Ayuntamiento, para justificar su medida, se había acogido a una situación excepcional que se planteaba en el artículo 3 del citado Real decreto, que afectaba a 148 puestos de trabajo que experimentaban “modificaciones sustanciales en sus cometidos”. Medidas que quedaban amparadas en el apartado séptimo de dicho artículo.

Pero la Subdelegación del Gobierno no lo ha entendido así. De hecho recalca la imposibilidad de valorar la adecuación del acuerdo plenario porque no consta “cuáles han sido realmente las variaciones de las funciones que han sufrido los puestos de trabajo que ven incrementadas
sus retribuciones”. Según la Subdelegación, tampoco queda justificado por parte del Ayuntamiento el carácter “excepcional e imprescindible” de la medida.

Así las cosas, la resolución emitida concluye que los aumentos en las  retribuciones de los funcionarios afectados “no están amparados ni justificados” por el Real Decreto Ley.
Una vez el dictamen ha llegado al Ayuntamiento, el alcalde Toni Pérez ha reunido a los portavoces de los grupos municipales para que conocieran la situación y los pasos a dar a partir de ahora. En ese sentido, el propio alcalde ha explicado que se ha pedido informes técnicos a los departamentos de Secretaría, Recursos Humanos e Intervención, así como a la consultora externa que realizó la Valoración de Puestos de Trabajo.

“Actuaremos en función de lo que nos digan esos informes, para los que he pedido premura” ha subrayado Toni Pérez, que también ha recordado que el documento de la VPT fue respaldado por al 73% de los trabajadores municipales. Tal vez por ello, Pérez ha precisado que su gobierno está
comprometido a continuar con los acuerdos aprobados en pleno. Los sindicatos con representación municipal también han mantenido una reunión con el alcalde después de la Junta de Portavoces para trasladarles lo mismo que a los grupos políticos.

Al término de la cita, UGT ha indicado que “desde el primer momento hemos dicho que la VPT era ilegal y ahora la Subdelegación nos da la razón”. Por el contrario, el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) ha considerado por boca de su presidente, Francisco Ángel González, que la decisión de la Subdelegación supone “un menosprecio a los técnicos del Ayuntamiento”. Además, González ha opinado que dicha resolución “puede tener cierto componente político”. No hay que olvidar en este punto que Benidorm está gobernado por el PP. El SPPLB ha mostrado “todo nuestro apoyo al alcalde”.

En cuanto a la oposición, el único grupo que se ha manifestado por el momento ha sido Ciudadanos, cuyo portavoz Juan Balastegui ha recordado que su formación ya advirtió de que la VPT “tenía errores”.