01 de octubre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Bildu y el PNV quieren que Sánchez se arrastre más tras su pésame por un etarra

Sánchez, en el último Pleno del Senado.

Sánchez, en el último Pleno del Senado.

PNV, Bildu y el resto de socios se aprovechan de la señal de debilidad del presidente y, crecidos, exigen la derogación total de la política penitenciaria contra ETA.

PNV y Bildu han olido la debilidad y la inconsistencia de Pedro Sánchez y han movido ficha. Más aún después de que el presidente cruzara una línea roja la pasada semana y lamentara en el Senado el suicidio de un preso de ETA. Así que a los nacionalistas e independentistas vascos les ha faltado tiempo para movilizar al resto de miembros de la coalición Frankenstein para dejar en evidencia a Sánchez y, de paso, meterle en un serio e incómodo aprieto.

Los portavoces parlamentarios de Bildu, PNV, ERC, Junts, CUP, Más País, BNG, Compromís, Geora Bai y Més per Mallorca han firmado una declaración conjunta en la que afean al Gobierno el suicidio del preso Igor González, reclamando que se ponga fin a lo que llaman "política penitenciaria de excepción que se aplica a los presos vascos".

En la declaración se solicita al Gobierno cambiar la política penitenciaria con los "presos vascos", sin hacer mención a su condición de condenados por terrorismo. Se trata de la misma expresión que utilizó Sánchez en el Senado el pasado 9 de septiembre, motivo por el que fue censurado por partidos de la oposición, colectivos de víctimas y organizaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Situaciones como esta no deben volver a ocurrir", dicen sobre la muerte de Igor González en una declaración que firman, entre otros, Mertxe Aizpurua (Bildu), Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNV) o Iñigo Errejón (Más País).

Los grupos parlamentarios firmantes reclaman una legislación penitenciaria "adecuada al nuevo tiempo, respetuosa con los derechos de los y las presos vascos, que ponga fin al alejamiento procediendo a su traslado a cárceles vascas y esté basada en los objetivos de normalización, pacificación y construcción de la convivencia que demanda la sociedad vasca".

 

 

En concreto, se refieren al suicidio del preso etarra, un interno que recuerdan que estaba enfermo y en tratamiento, para sostener que debería haber abandonado la prisión en marzo de 2020 al haber cumplido tres cuartas partes de la condena impuesta por los tribunales.

 

"El Estado tiene el deber de velar por la vida de las personas privadas de libertad, extremo que en este caso no se ha cumplido. El incumplimiento de estos derechos del preso le han llevado a morir en prisión y, por tanto, consideramos que no se han tomado todas las medidas necesarias que podrían haber evitado la muerte de González", señala el escrito fechado este 15 de septiembre.

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