14 de julio de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El olor de la cloaca de Iglesias alcanza a Sánchez y llega a los tribunales

El mismo personaje que acusaba al PP de destruir pruebas está bajo sospecha de haber hecho eso. Y ni el auxilio de la Fiscalía General del PSOE parece que será suficiente.

 

 

En política sería aconsejable que aquellos que desean dar lecciones se cerciorasen antes de que gozan de autoridad para hacerlo: la “Auctoritas” de la que ya se hablaba en la Roma clásica junto a la “Potestas”.

A Pablo Iglesias se le derrumbó hace un par de años su coartada de líder del Pueblo contra la “casta”. El chalet de Galapagar le coloreó la cara. Incluso le dio serios problemas ante sus estupefactas bases. Y hace unas semanas se le ha tumbado la otra gran coartada con la que irrumpió en el escenario político nacional: la de víctima de los tenebrosos “poderes fácticos”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que ni es un primerizo ni un magistrado a quien se pueda acusar de tener veleidades políticas o mediáticas, ha desmontado al líder de Podemos en dos autos consecutivos.

No es una víctima de las llamadas “cloacas del Estado”. Nada de eso. Al revés, en un documentado cambio de guión, el vicepresidente de Pedro Sánchez ha pasado de ser perjudicado… a sospechoso de dos delitos.

Pues bien, aun así, en este Gobierno “de progreso” que ha convertido el agit-prop, el “relato” y el descaro en su ADN, Iglesias se ha revuelto este miércoles contra Teodoro García Egea cuando éste le ha sacado en la sesión de control del Congreso el presunto trato de favor recibido de la Fiscalía de Dolores Delgado en el “Affaire Bousselham”.

 

 “Su formación política construyó una cloaca policial y mediática para investigar a sus adversarios políticos”: tal fue, nada más y menos, el reto del número tres de La Moncloa al secretario general del PP.

Sacando pecho buscaba, claro, apartar de sí el espejo de las nuevas revelaciones sobre la destrucción del teléfono móvil de la ex asesora del vicepresidente, Dina Bousselham. Curiosamente, premiada por Podemos con la dirección de un medio digital creado y financiado por el propio partido morado. ¿Para que no hable?

En fin, la verdad se hace paso entre los fuegos artificiales. Y esto sirve tanto para las “cloacas” como para las estadísticas fake de fallecidos por el Covid-19. Ahora los españoles conocemos que en un chat interno de Podemos se reconoce que los fiscales Anticorrupción, dependientes de la Fiscalía General del Estado de la ínclita Delgado, han filtrado información  del “Affaire Bousselham” a  Pablo Iglesias.

Además, desde el minuto uno y con una pieza declarada secreta por el instructor. Como Pedro Sánchez dijo: “¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso”. Se empieza a ver que las cloacas del comisario Villarejo, que lo mismo han servido para justificar una campaña deslegitimadora contra el Rey Felipe VI que para una brutal purga en la Guardia Civil, habitan en la propia Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Así que Iglesias debería callar. Desde luego no está para dar lecciones a nadie. No ha podido ser más torpe. Y va quedándose cada día más desnudo ante la opinión pública.

 

 

 

El 14 de junio de 2019, Iglesias escribía en Twitter, a cuenta del juicio contra Génova 13 por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas: “El PP se sienta hoy en el banquillo de los acusados por haber destruido pruebas alojadas en los ordenadores de Bárcenas. Han logrado que el juicio no sea retransmitido, como lograron que Bárcenas retirase su acusación”. Un proceso del que, por cierto, los populares salieron absueltos por la Justicia.

Pues bien, el pasado viernes, el juez García-Castellón dio un ultimátum a Dina Bousselham para que designe un abogado distinto del que compartía hasta ahora con el secretario general de Podemos. El magistrado abroncó también a los mismos fiscales -presuntamente filtradores- por salir en auxilio del líder morado pidiendo el archivo de la investigación y engordando la teoría de que la exasesora había disculpado a Iglesias ante el “enigma” de la sustracción de la tarjeta SMS de su móvil, su retención durante cinco meses y su posterior destrucción.

Sospechoso principal

Pablo Iglesias está y va a seguir estando en el punto de mira de la Audiencia Nacional. La “operación destrucción” contra lo que fuese que el teléfono de su asesora guardaba no es un tema menor. El magistrado García-Castellón ha transformado al vicepresidente en sospechoso principal de los delitos de revelación de secretos y daños informáticos.

Mala pinta tiene todo, por mucho que Pedro Sánchez parezca haber enviado a su fiel fiscal Delgado al rescate de su socio en el Consejo de Ministros. Mientras, en algunos despachos de La Moncloa se frotan las manos con las dificultades que atraviesa el líder radical.

Es ya complicado tapar la impostura de un Iglesias que señala con su dedo acusador a La Zarzuela, al PP, a Felipe González, a los jueces que condenaron a Isa Serra -su portavoz en Madrid-, a la Policía, a la Guardia Civil… cuando cada vez existen más pruebas de que la “cloaca”, en realidad, la tiene debajo de su despacho. Y es de color morado

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