29 de octubre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Madrid se rebela ante la orden de Illa de confinarla sin consenso ni explicación

El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

El Gobierno de Díaz Ayuso anuncia que no acata la decisión adoptada en un Consejo Interterritorial dividido. El ministro la culpa de romper un acuerdo bilateral. "Nadie lo entiende".

El polvorín entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid terminó por estallar este miércoles por la tarde. El Gobierno central tomó la decisión de obligar a Isabel Díaz Ayuso a confinar parcialmente la capital y las localidades de Parla, Alcobendas, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares.

Y la respuesta del Ejecutivo regional fue no acatar esa "imposición". "Jurídicamente no es válida", señaló el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, amparándose en que la decisión no había sido refrendada por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado poco antes. "El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus",  lamentó Ruiz Escudero.

La decisión del cierre a medias de Madrid fue anunciada por el propio Salvador Illa al término de un Consejo Interterritorial kafkiano, en el que el ministro fue incapaz de lograr un acuerdo por unanimidad con las comunidades en un asunto tan espinoso como lo es la restricción de derechos fundamentales. 

Además de Madrid, votaron en contra de los tres criterios aplicables a las localidades de más de 100.000 habitantes (sobre ocupación de UCIs, número de casos por 100.000 habitantes y porcentaje de positivos en las pruebas PCR) Cataluña y, por parte del PP, Galicia, Andalucía, Murcia y Ceuta.

La reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 

La sorpresa de la tarde fue Castilla y León, que votó a favor. La dirección nacional del PP no había dado una directriz al respecto a sus presidentes regionales, según ha sabido ESdiario. Fuentes del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco señalaron además a este periódico que entendían que lo lógico era apoyar la propuesta del Ministerio puesto que las comunidades llevan desde mayo demandando criterios homogéneos. "Esto no es un tema PP-PSOE", añadieron.

En cualquier caso, el voto favorable de todas las comunidades del PSOE, del País Vasco y Cantabria, así como el desmarque de Castilla y León, le sirvieron al ministro para vender que aunque no había sido una decisión unánime sí venía legitimada por un amplio respaldo. 

Sin embargo, el reglamento del Consejo Interterritorial especifica en su artículo 14.1: "Los acuerdos del Consejo en relación a las materias que expresamente se determinan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso". Y ésa es la baza que esgrimió y esgrimirá Madrid.

De hecho, el consejero de Sanidad anunció que si el Ministerio trata de imponerles el confinamiento recurrirán a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Y se mostró dispuesto a seguir dialogando con el Ministerio.

Por su parte Illa culpó al Gobierno de Díaz Ayuso de dar "marcha atrás" en un "acuerdo imprescindible" que el Ministerio y Madrid alcanzaron el martes por la tarde. "Nadie lo entiende (...). Ayer había un acuerdo, hoy no lo hay", se quejó. 

El ministro de Sanidad durante la rueda de prensa.

 

Sin embargo, oficialmente el Gobierno madrileño nunca dio por cerrado tal acuerdo, sino que al término de esa reunión bilateral del martes emitió un comunicado en el que hablaba de "seguir negociando" y confiaba en que "pueda en breve cerrarse un acuerdo". Lo que ocurre es que su vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), sí habló de lo "satisfecho" que estaba de haber alcanzado un "principio de acuerdo" con el Gobierno de España.

 

El ministro explicó que el confinamiento parcial se articulará a través de una orden ministerial que Sanidad publicará en el BOE en los próximos días, pero después reconoció que "corresponde a las comunidades hacer la transposición". Es decir, ejecutar la orden. "No contemplo que una decisión colegiada no sea llevada a término", advirtió en un claro mensaje a la presidenta madrileña para que la acatara. 

Pero aunque la Comunidad de Madrid se prestara a ello, el entuerto jurídico no sería menor. Antes de que decayera el estado de alarma, allá por el mes de mayo, Pedro Sánchez se comprometió con los presidentes regionales a reformar la legislación ordinaria en materia sanitaria para dotar a las comunidades de instrumentos jurídicos para confinamientos futuros, llegado el caso. Les habló, en concreto, de la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011.

Sin embargo nunca lo hizo, y en lugar de eso a finales de agosto anunció que dejaba en manos de las comunidades la posibilidad de solicitar al Gobierno central la declaración del estado de alarma en sus respectivos territorios. Conservando los presidentes regionales el mando único autonómico. 

Este miércoles el ministro de Sanidad no aclaró cuál será el andamiaje legal de la orden ministerial para que luego un juez no lo eche abajo. Por ejemplo, cuando el Gobierno madrileño confinó parcialmente varias áreas sanitarias de la capital y de otros municipios, esperó a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se posicionara a favor antes de multar. Para tener todas las garantías. 

Visto el vaivén de los acontecimientos en los últimos diez días es difícil saber si aún queda margen para retomar la negociación o no. El consejero de Sanidad aseguró que por su parte siguen ofreciendo "diálogo". 

Comenta esta noticia