Judicializar la política

Pablo Iglesias y Ada Colau

Pablo Iglesias y Ada Colau

Qué pretenden algunos líderes cuando se refieren a “judicializar la política” ¿Pretenden acaso que la clase política quede al margen del imperio de la Ley que nos vincula a todos?

Por mucho que el término “posverdad” lleve camino de incorporarse a la versión en línea del Diccionario de la Lengua Española, una mentira repetida mil veces no tiene por qué convertirse en verdad.

Si hay una expresión que algunos repiten actualmente como un mantra y que no deja de producirme estupor cada vez que la escucho es esa de “judicializar la política”.

Hace unos días, el lehendakari Urkullu apelaba a la proporcionalidad de la Justicia tras el internamiento en prisión de “los Jordis” y calificaba de preocupante toda acción política que se judicializa. En el mismo contexto, Pablo Iglesias declaraba que “en democracia, los problemas políticos se resuelven con política y que judicializar el conflicto no lo soluciona”. También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de Barcelona en Comú, aportaba su granito de arena al reclamarle a Rajoy que permitiera el referéndum y cesara en su estrategia de judicializar la política.

Judicializar la política. Me planteo qué lugar ocupa en todo esto el principio de legalidad, o qué pretenden aquéllos que buscan amparo en ella (en la expresión, entiéndase, no en la legalidad).

A buen seguro que Juan de Inglaterra (lo de Sin Tierra debía fastidiarle bastante) andará regocijándose en su tumba, después de que, allá por 1215, su poder se viera acotado por la Carta Magna. El insigne documento venía a reconocer que “Ningún hombre podrá ser detenido, ni preso, ni desposeído de sus bienes, ni declarado fuera de la ley, ni desterrado, ni perjudicado en cualquier otra forma, ni procederemos ni ordenaremos proceder contra él, sino en virtud de un juicio legal por sus pares o por la ley del país”.

Mucho ha llovido desde entonces y muchas han sido las luchas de hombres y mujeres en defensa de los derechos, libertades y valores, entre los que, el principio de legalidad, como garantía de la convivencia pacífica, ocupa un lugar destacado.

Por ello me pregunto qué pretenden algunos líderes cuando se refieren a “judicializar la política” como acción o conducta inoportuna o improcedente. ¿Pretenden acaso que la clase política quede al margen del imperio de la Ley que nos vincula a todos los ciudadanos? ¿O es que se consideran un tertium genus para el que la ley se interpreta, mientras que al resto se nos aplica?

El último en recurrir a la expresión, enrocado en su delirio independentista, ha sido Puigdemont. Después de la rueda de prensa en la que, micrófono en mano, protagonizara uno de los ataques más vergonzantes que se recuerdan contra las instituciones españolas y por ende, contra todos los ciudadanos, anunció que no comparecería ante la Audiencia Nacional porque lo suyo es un juicio político.

Pero Puigdemont ha ido más lejos. Si algo lo diferencia de los demás es que su discurso, además de argumentativo en un intento de evitar el cumplimiento de la Ley, se ha convertido en un motivo para sustraerse a la acción de la Justicia; eso sí, dejando a los pies de los caballos a los consejeros de su gobierno. ¿Por qué iba a tener ahora contemplaciones?

(*) Abogada y ex coordinadora de UPyD en la Comunidad Valenciana.

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