23 de agosto de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Transparencia: el derecho del siglo XXI

Crecen en poco tiempo un 31% las reclamaciones por falta de información ante el Consejo de Transparencia, al que han llegado más de 3.300 propuestas ciudadanas.

Hoy es el Día Internacional de la Transparencia, el derecho que más definirá la salud de la Administración Pública en el siglo XXI. Pero sigue siendo un gran desconocido cuya aplicación se limita, en la práctica totalidad de los casos, a un cumplimiento retórico y estética de las instituciones a través de portales que difunden datos internos y poco más.

En realidad, la Ley que regula este derecho es un catálogo de obligaciones que gobernantes de todas las instituciones públicas incumplen, a menudo por desconocimiento; y que los ciudadanos no reclaman, tabién quizá por la misma razón.

Pero, en todo caso, modificará al corto plazo la relación entre ambos y el propio funcionamiento del Estado y de todas las entidades públicas o vinculadas a ellas.

Mientras, algo ha empezado a cambiar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido a lo largo de sus dos años y medio de actividad un total de 1.941 reclamaciones de los ciudadanos contra la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y entidades locales, por falta de información.

Del total de las quejas, 534 corresponden al primer semestre de 2017, una cifra que supone un aumento del 31 por ciento con respecto al mismo periodo en 2016. En un comunicado en el que ofrece un balance de su actividad hasta el pasado 30 de junio, el Consejo de Transparencia destaca el incremento "considerable" de los casos que le llegan por parte de ciudadanos que se quejan de que los organismos públicos no han respetado su derecho de acceso a la información.

Muchas reclamaciones

Según dicho balance, de esas casi 2.000 reclamaciones, 1.384 (el 71%) corresponden a la Administración General del Estado (AGE) y 557 (el 29%) a las comunidades autónomas. Las reclamaciones que han sido estimadas por el Consejo hasta el 30 de junio -es decir, favorables a la ciudadanía y que obligan a la Administración a facilitar la información- se refieren a asuntos de muy diversa índole.

 

Esther Arizmendi es la presidenta del Consejo de Transparencia.

 

Entre ellas, destacan temas tan importantes como la que insta a varios Ministerios a dar a conocer los gastos de publicidad institucional o la que reconoce el derecho a obtener copia del borrador del código de conducta sobre las cláusulas suelo. También es relevante la que resuelve a favor de proporcionar el documento presentado en un procedimiento de memoria histórica solicitando la aclaración para la ejecución de un auto, así como la que considera que debe proporcionarse el detalle de las listas de espera sanitarias desglosadas por comunidades autónomas.

La Comunidad de Madrid, en cabeza

De las 557 reclamaciones de comunidades autónomas y entidades locales con convenio con el Consejo de Transparencia, un 72,3 por ciento son a favor de dar la información. Por territorios, corresponde el mayor número a la Comunidad de Madrid (160), seguido de Castilla-La Mancha (98), Cantabria (75), Principado de Asturias (42) y Extremadura (37). Los ciudadanos del resto de territorios han reclamado menos: Ceuta (23), La Rioja (14) y Melilla (6).

Entre ellas, hay una que insta a la Comunidad de Madrid a facilitar información sobre listas de espera quirúrgicas de los hospitales; otra que reconoce el acceso a la información a las actas del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM); y otra que estima el derecho a conocer la contaminación acústica en las inmediaciones de las estaciones RENFE en Móstoles.

Otros temas relevantes son sobre las subvenciones a colegios concertados con educación diferenciada por sexos, el proceso de selección de Director general de RTVM, y las actas de inspección higiénico-sanitaria de restaurantes y bares de la Comunidad de Madrid.

Según ha informado el organismo, hasta hoy se han interpuesto 52 recursos judiciales frente a resoluciones adoptadas por el Consejo de Transparencia. De estos, 37 han sido presentados por organismos del sector público que no están de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Transparencia. La totalidad de iniciativas ciudadanas que ha recibido el Consejo de Transparencia en estos dos años y medio de actividad se elevan a 3.383, entre las que además de las 1.941 reclamaciones (el 57% del total), 978 informaciones al ciudadano (29%), 291 consultas sobre la Ley (9%) y 129 denuncias sobre su incumplimiento (4%).

El Consejo de Transparencia, que empezó a funcionar hace dos años y medio, depende del Ministerio de Hacienda

El Consejo tiene firmado convenio con seis comunidades autónomas (la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Cantabria) así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Así pues, todas las reclamaciones que presenten los ciudadanos en el marco de solicitudes de información que afectan a estos territorios son tramitadas por el Consejo Estatal.

Según Julio Naranjo, director general de la primera consultora de España especializada en Transparencia, Arpinum Consultores y Abogados, "aún queda mucho por hacer para que la Administración entienda y aplique sus obligaciones, que no son meramente estéticas, y para que el ciudadano conozca sus derechos, que son enormes. Pero todo está en marcha y, poco a poco, va avanzando", explica.

Sin "esferas de oscuridad"

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada, adscrito, a efectos puramente organizativos, al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Una ley de diciembre de 2013 y un estatuto aprobado en octubre de 2014 rigen el funcionamiento de este ente, presidido por Esther Arizmendi.

“La principal meta del Consejo, su razón de ser, es lograr una Administración mejor, más abierta y sobre todo más democrática, caracterizada por la transparencia y el gobierno abierto. Una Administración, en suma, donde no haya esferas de oscuridad”, asegura Arizmendi, que habla de la necesidad de una “una auténtica revolución” en las relaciones de la Administración con los ciudadanos, “en la que éstos pasen de ser depositarios a ser propietarios de la información de que disponen los servicios administrativos”.

 

 

   

Comenta esta noticia
Update CMP