La estrategia del Gobierno para desquiciar aún más a los independentistas

“Prepotencia”. Así responde un agente de Policía regularmente bien informado a la causa por la que Puigdemont fue flagrantemente detenido en la frontera germana con Dinamarca. Y añade: “Le perdió eso, la prepotencia, creyó él, creyeron su colaboradores y amigos e incluso sus abogados que nadie se iba a atrever a cogerle a buen recaudo; es más –insisten- incluso pensaron que podía burlar cualquier control”.

Pues bien, ya se ha comprobado que no, pero aun así, dentro del independentismo feroz que habita en los aledaños del preso alemán, todavía se plantean estrategias de resistencia, combate y movilización. La última, la anunciada por la singular Elsa Artadi, es investir a cualquier precio al exfuguista como si nada hubiera pasado, como si la Justicia española y desde luego la alemana no tuvieran la intención de llegar hasta el final.

Por lo pronto, las noticias que tiene el Gobierno son que los jueces de aquel país van a aplicar en este caso su norma más consetudinaria; a saber, que lo general es la entrega, que lo excepcional es la retención sine die. Según aseguran portavoces no oficiales del Gobierno de Rajoy, únicamente cuando la pena que solicita la Justicia del Estado peticionario es inferior a doce meses, el reo se queda en una prisión alemana, en otros casos, la norma es la entrega. ¿Cuándo? Pues también según estas fuentes, no parece que vaya a demorarse demasiado, aunque los abogados de Puigdemont pretendan retrasarla lo más posible.

El portavoz de Merkel acaba con Puigdemont en segundos: con Alemania no se juega

Fíjense hasta qué punto que uno de estos letrados ya ha declarado en la televisión oficial de la rebelión, TV3, que tienen esperanzas de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dicte alguna providencia que les ampare, pero ese es sólo un deseo porque, como dice el portavoz oficiosos citado: “Lo más probable es que, a pesar de todas las martingalas que utilicen sus letrados, Puigdemont sea enviado a España más pronto que tarde, antes incluso de que se cumplan los sesenta días que es el máximo autorizado por la Justicia germana.

Furgón en el que la Policía alemana trasladó a Puigdemont a la prisión de Neumünster.

En todo caso, el Gobierno de Mariano Rajoy afirma que “no tiene prisa” y hasta anuncia que “no tiene la menor intención de presionar a Alemania para que el preso sea devuelto a España cuanto antes”. La doctrina oficial, de la cual no se va a mover el Ejecutivo popular durante el tiempo que dure este proceso, es que “vamos a tratar este asunto con un perfil absolutamente administrativo, nada de introducirnos en disquisiciones políticas”.

Hay satisfacción en La Moncloa pensando en la cuota de prestigio que ha ganado el CNI, a cuyos agentes se les venía achacando una gran torpeza en el seguimiento de todos los huidos

Y es que Rajoy y sus ministros han recibido la noticia de la detención del sedicioso Puigdemont con un medido alborozo, sobre todo pensando en la cuota de prestigio que han ganado los Servicios de Inteligencia de nuestro país a los se les venía achacando una gran torpeza en el seguimiento de todos los huidos, singularmente, claro está del expresidente de la Generalitat.

Si se pudiera interpretar cuál es el grado de satisfacción que se siente en el Gobierno, podemos quedarnos con esta confesión de asesor ministerial: “¿No decían que éramos tan malos? Pues bien, ni nos sentíamos así ni ahora nos creemos héroes”. Sin embargo algo es cierto: los que imputaban al Gobierno una desidia a la hora de “hacer política” en el conflicto catalán se han quedado en este momento bastante desprovistos de razón o directamente, desautorizados.

Lo curioso es que muchos de los que pedían precisamente el recurso a medidas políticas nunca, y menos ahora, han sido capaces de definir con claridad. Que se sepa a este respecto nadie ni desde la oposición, ni desde círculo alguno de influencia social y política, han presentado un plan alternativo al que desde el primer momento adoptó Rajoy: dejar trabajar a la Justicia.

Pues bien, la Justicia ha trabajado y lo va a seguir haciendo hasta que aproximadamente en el mes de noviembre, finales, o principios del próximo diciembre, se inicie el juicio no solo contra Puigdemont, sino contra los veintisiete encausados por la rebelión sediciosa independentista.

El Gobierno espera desde luego un recrudecimiento de las protestas para los próximos días, no hasta el punto de la violencia que se produjo el pasado domingo con episodios tan chuscos o negativos como comprobar que algún miembros de la Policía Autónoma se añadía a los rebeldes en la agresión al edificio de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

No es baladí el hecho de que los Mossos reprimieran a los violentos con similar firmeza que la que empleó la Policía Nacional destacada en Barcelona en octubre durante el acoso a los funcionarios que intentaban entrar en la Consejería de Economía de la Generalitat.

Pero, finalmente, el Gobierno está ciertamente seguro de que a medida que pase el tiempo estos síntomas de violencia descontrolada irán remitiendo. A medida, desde luego, que la actuación de la Justicia vaya determinando las responsabilidades de cada quien.