Llegan los 'aprovechados' de las VTC: hasta 9.000 euros por licencia en Valencia

Sólo ha pasado poco más de una semana desde que el Gobierno Central aprobara en el Consejo de Ministros el Real Decreto para limitar a las licencias de vehículo con conductor (VTC), utilizadas en plataformas como las de Uber y Cabify. Sin embargo, el mercado secundario de estas autorizaciones ya se ha llenado con los primeros "aprovechados", que ofrecen precios de derribo ante el riesgo de pérdida de valor en estos cuatro años de periodo de gracia.

En Valencia ciudad, ya hay ofrecimientos de 9.000 euros por cada una, cerca de un 70% menos de lo que se ha pagado por estos activos en paquetes de varios cientos en las últimas transacciones que se han cerrado. 

El Real Decreto daba un periodo de gracia de cuatro años en los que las licencias VTC podrán operar en el espacio urbano, aunque con algunas limitaciones en horarios u otras condiciones impuestas por los ayuntamientos. Era la manera en la que el Gobierno indemnizaba a los que tenían estos permisos: pagaba en tiempo y no en dinero. ¿La consecuencia? Estos activos tenderán a devaluarse, si no hay cambios que los regulen y todo sigue el camino marcado.

Uno de los efectos que ha surgido en el mercado es la llegada de algunos oportunistas que buscan aprovecharse de algunos de estos inversores que se planteen deshacerse de estos permisos antes de su pérdida definitiva de valor. Algunos no se esconden. En tablones de anuncios digitales como Milanuncios o Vibbo han surgido durante los últimos días varios anuncios de posibles compradores que ofrecen precios de derribo ante la inminente caída de precios. Ofrecen unos 20.000 euros en Madrid, 9.000 en Valencia, 7.000 en Andalucía y 15.000 euros en Barcelona.

El objetivo de todos estos potenciales compradores es sencillo: tratar de rentabilizar al máximo durante estos cuatro años esos permisos. A esos precios se podría devolver la inversión como mucho en la primera mitad de este periodo de gracia. Fuentes del sector estiman que la explotación de un coche con autorización -con dos turnos- supone un rendimiento neto mensual (excluyendo inversión inicial, gastos de personal, combustible o ‘leasing’ de vehículos) que podría oscilar entre los 1.500 y los 3.000 euros, es decir, entre 18.000 y 36.000 anuales. Aunque también depende de ciudades.

Prácticas parecidas a las del sector del taxi

Mientras tanto, durante los últimos meses se han detectado prácticas en el sector de las VTC muy parecidas a las que se han visto en el taxi. Por ejemplo, los subarriendos de permisos, algo que no está permitido. Anuncios como estos son constantes: “Busco alquiler de licencia VTC. Para empezar ahora. Posibilidad de pagar por adelantado varios meses como garantía” o “Alquilamos licencias VTC en toda España, si le acaban de otorgar licencias o están a punto de recibirlas, le ayudamos a poner su empresa en funcionamiento, gran experiencia en este sector , sólo empresas serias y comprometidas, abstenerse curiosos. Pagamos muy por encima que cualquier despacho dedicado a la VTC". Un subarriendo contra el que luchó la Federación del Taxi (Fedetaxi) en los últimos años y contra el que exigió medidas en el caso de “intermediarios irregulares”.

Fomento dio vía libre al Consell y a Valencia para limitar la circulación de Uber y Cabify

En Valencia este conflicto  lo deberá gestionar el gobiernos autonómico y local. Pese a que la ley marca que solo puede haber una de estas licencias VTC por cada 30 taxis, en la práctica hay muchas más. Según este ratio, en la Comunitat Valenciana solo debería haber 155 VTC. A fecha 1 de agosto, sin embargo, había 244. Y se esperan al menos 600 más, pendientes de resolución judicial.

La vía legal aprobada por el Ministerio de Fomento, sin embargo, sienta las bases para frenar el impacto de esa avalancha de licencias sin necesidad de suprimirlas. El Real Decreto-Ley habilita desde ya a las autonomías a modificar las condiciones de explotación de las VTC para los servicios en su territorio.

Además, en los servicios que se presten dentro de la ciudad, los titulares de VTC deberán cumplir las condiciones que establezcan las entidades locales sobre utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica.

Esto se traduce en que, por ejemplo, autonomías y ayuntamientos podrán fijar turnos para su funcionamiento, y regular sobre condiciones como la precontratación, solicitud del servicio, captación de clientes, los recorridos mínimos y máximos, los horarios obligatorios o las especificaciones técnicas del vehículo, cita el decreto.

Aunque la Conselleria de Transporte se ha mostrado cauta con el decreto, la lógica señala que la Generalitat aprovechará esta vía para restringir la actividad de estas plataformas. La conselleria ha sido muy restrictiva en los últimos años con las empresas solicitantes de estas licencias. Ha peleado hasta el Supremo antes de otorgar cada una de ellas, que solo ha aprobado con cuentagotas por orden judicial.

La convicción política en Valencia para limitar la competencia al taxi es total. Todos los partidos de las Corts salvo Ciudadanos empezaron a tramitar en verano una proposición de ley autonómica de VTC. Incluso, con un dictamen del Jurídic Consultiu que auguraba choques competenciales con el Estado.

El texto, en línea con lo aprobado hace ocho días por Fomento, contemplaba una segunda licencia municipal para ejercer la actividad de Cabify; y establecía limitaciones horarias y rotación de días de circulación para que no se desbordara en ningún momento la ratio de 1/30.