23 de noviembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Torra desobedece a la juez y mantiene un estado de alarma ilegal en Lérida

Torra y Aragonès en su comparecencia de este lunes.

Torra y Aragonès en su comparecencia de este lunes.

Superado por el rebrote descontrolado de la comarca del Segriá, y después de 40 días de ir por detrás, el presidente de la Generalitat ha ido ahora más lejos de lo permitido.

La desobediencia ya es una seña de identidad de Quim Torra, precisamente inhabilitado -a la espera de que el Supremo lo confirme- por desafiar a un juez y mantener una pancarta de apoyo a los presos del procés durante la campaña de las generales de abril de 2019.

Ahora el presidente de la Generalitat ha vuelto a hacer oídos sordos a la decisión de una juez de guardia de revocar, esta madrugada, el confinamiento para Lérida y otros siete municipios de la comarca del Segriá decretado por el Govern el domingo. Una vez que éste se ha visto ampliamente superado por un rebrote que suma ya 3.180 contagiados. Solo en las últimas horas se han contabilizado 190 más. 

Torra ha comparecido este lunes junto a su vicepresidente, Pere Aragonès, para anunciar que no acata la decisión de la Justicia, con el argumento de que para su Gobierno la salud está por encima de cualquier "decisión o presión judicial". "No estamos de acuerdo con esta decisión judicial. No la aceptamos. Asumiremos las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas".

Su argumento perverso que recuerda a aquel que empleó el independentismo para seguir adelante con el referéndum ilegal: la voluntad del poble de Cataluña, decían sus líderes entonces, va antes que cualquier ley. Incluso que la Constitución.

El presidente catalán ha ido más allá y ha anunciado que la Generalitat ultima un decreto ley para establecer el plan de rebrotes. Ahora, con la situación descontrolada y después de 40 días de ir por detrás: la voz de alarma del primer foco la dio el alcalde de Serós el 4 de junio, en una empresa hortofrutícola del pueblo.

 

En su escrito, la juez Elena García-Muñoz niega a la Generalitat la capacidad para decretar, de facto, un "estado de alarma parcial" que va más allá del confinamiento de su población. Señala que es "una competencia estatal" y que además se ejerce "con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados". Sostiene asimismo que la medida de Torra "es ilimitada en el tiempo, lo que agrava todavía más su contenido y consecuencias".

La magistrada marca el camino al presidente de la Generalitat al recordarle que puede solicitar al Gobierno de España que decrete el estado de alarma en esa zona. Claro que eso es precisamente de lo que huye Torra, puesto que sería perder nuevamente unas competencias que durante los peores meses de la pandemia reclamó insistentemente. 

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido prudencia y ha explicado que el Gobierno estudia con "enorme profundidad" una herramienta legal alternativa al estado de alarma. Claro que el Ejecutivo lleva diciendo lo mismo semanas, antes incluso de que se levantara la medida de excepción, y aún no hay avances. 

Para el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, este episodio es una huida hacia adelante de la Generalitat para "tapar sus vergüenzas" con un rebrote que la vecina Aragón ha atajado sin mayores problemas.  

 

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