Un exingeniero de Audi confiesa que la dirección estaba al tanto del “dieselgate

Así lo ha señalado durante el juicio contra cuatro ex directivos e ingenieros de Audi que comenzó el pasado 30 de setiembre, cinco años después de que saliese a la luz en 2015 el caso del software que alteraba las emisiones de algunos automóviles diésel del grupo Volkswagen. El proceso tiene como principal acusado al ex consejero delegado de la firma Rupert Stadler, así como al que fue miembro del consejo de administración de Porsche Wolfgang Hatz y dos ingenieros.

Esta semana era el turno de uno de estos dos últimos, identificado como Giovanni P., cuyos cargos se refieren a la manipulación de un software para que las emisiones reales de los automóviles no se mostrasen en las pruebas a las que eran sometidos. El consorcio Volkswagen, matriz de Audi, siempre ha insistido en que el fraude fue obra de una serie de empleados de nivel inferior que actuaron sin el conocimiento de sus superiores, tal como recoge DPA. 

Sin embargo, Giovanni P., que ha admitido gran parte de los cargos que se le imputan, ha declarado que él se limitó a ejecutar las órdenes que venían de la dirección, por más que no estuviese de acuerdo con algunas de ellas. "Nadie podría haber dicho: Yo no sabía nada", ha manifestado el tribunal de Munich, donde se está llevando a cabo el juicio, que se podría prolongar durante más de dos años.

Más de 400.000 vehículos

La acusación admitida por Giovanni P., así como por el otro ingeniero, es que se manipularon más de 400.000 motores diésel a partir del año 2008 mediante un software, con el objetivo de que los coches que los equipaban pasaran las pruebas medioambientales de emisión de gases.

Stadler, que rechaza los cargos, estuvo al frente de Audi desde 2007 hasta 2018, cuando fue retirado del cargo tras ser detenido por intentar influir sobre un testigo del caso. Tras años de investigación, la fiscalía presentó una acusación a finales de julio de 2019 que contenía alrededor de 400 páginas y un apéndice de 7.000 hojas.

Todo ello después de que el grupo automovilístico Volkswagen admitiese en septiembre de 2015 haber manipulado más de 11 millones de automóviles diésel en todo el mundo mediante la colocación de un dispositivo que alteraba las emisiones reales de óxidos de nitrógeno (NOx) al ser objeto de pruebas de laboratorio. Ahora se enfrenta en nuestro país a la demanda colectiva más grande de la historia.