Oltra ignoró los avisos previos a la denuncia que pueden llevarla ante el juez

La gestión de Mónica Oltra puede salpicar al Gobierno de Ximo Puig. La vicepresidenta viene ignorando desde 2016 las denuncias relativas a contratación.

En el pleno de presupuestos, en las sesiones de control al Consell, o en los debates en comisión, el Partido Popular de Isabel Bonig viene advirtiendo desde 2016 que distintos departamentos del Gobierno del Botànic trocean los contratos para evitar la libre concurrencia de las empresas.

La líder de los conservadores valencianos, en una intervención en Les Corts en abril, llegó a colocar archivadores de cartón bajo la tribuna de oradores del parlamento valenciano, que incluían, dijo, decenas de  informes con "reparos de la Intervención" General de la Generalitat  y "donde dice que la señora vicepresidenta (Mónica Oltra) comete infracciones no subsanables del ordenamiento jurídico o que vulnera la ley de contratos públicos".

La secretaria general de los populares, Eva Ortiz, ha dado un paso adelante al presentar ante la Fiscalía provincial de Valencia un escrito sobre supuestas irregularidades en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la líder de Compromís.

El PP mantiene que se está produciendo  "el fraccionamiento ilegal del objeto de los contratos administrativos para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores, así como la fiscalización por los órganos de Intervención". Y, por otra parte, y quizá más importante, considera que hay un "recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto, para evitar cualquier tipo de contratación administrativa así como para eludir toda fiscalización por parte de la Intervención".

De forma reiterada, según la denuncia, se contrata por pequeños periodos y con las mismas empresas de servicios tales como el de limpieza de distintos centros sociales de la mencionada conselleria, siempre por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 € ), "pero fraccionados en claro fraude de ley". Además, se advierte que existen informes de la Intervención en los que se cuestiona que se haya cumplido el procedimiento legal. Lo cierto es que en el departamento de Oltra se acumulan los expedientes y, ante el atasco administrativo, los actuales adjudicatarios son beneficiados.

Pero para el PP la clave estaría en el "abuso" de una fórmula excepcional del pago como es la del enriquecimiento injusto, que necesariamente tiene que ser aprobada por el Ejecutivo.

En la denuncia se pone el siguiente ejemplo: Expediente 80/2016. El importe adeudado a la mercantil COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U asciende a 2.137.894,75 €. Se reconoce el abono del importe aunque no existe acto administrativo o contrato. La vicepresidenta, en su resolución de 30 de diciembre de 2016, ordenó el pago, tras la preceptiva autorización por el Consell  en la misma fecha, y para ello recurrió a la tramitación del enriquecimiento injusto. 

43,7 millones de euros sin procedimiento de contratación

El PP aporta al menos quince expedientes que fueron aprobados por el Gobierno valenciano que dirige Ximo Puig (de mayo a septiembre de 2016), atendiendo al mismo procedimiento del citado ejemplo. Nada menos que 43,7 millones de euros  han sido aprobados "eludiendo todo procedimiento de contratación  y de fiscalización", según la denuncia. Los populares han pedido a la Fiscalía que se llame a interrogar a todos los consellers y al presidente Puig tras dar el visto bueno a esta forma de proceder.

El escrito presentado por Eva Ortiz concluye que el hecho de que se haya obviado cualquier
procedimiento de contratación ha supuesto un "menoscabo a la Hacienda Pública, ya que se ha impedido la competencia y se han pagado los precios arbitrariamente  fijados". En este sentido se destaca que los pagos que se realizan por la vía del enriquecimiento injusto no contemplan pujas a la baja. "De haberse licitado los contratos, el importe pagado por la Administración por estos servicios  hubiese sido notablemente inferior".

 

La consellera Oltra, que tras tener conocimiento de la denuncia ha reunido a su gabinete de crisis, alega que  "ninguno de los expedientes puede ser aprobado con informe negativo por la Intervención dado que sin el informe favorable del órgano fiscalizador de la Generalitat ni se contabiliza, ni se paga". En este contexto mantiene que "es falso que la vía del enriquecimiento injusto eluda la fiscalización porque pasan por la Intervención General. Los resarcimientos que se han tramitado, que son habituales en la mayoría de los plenos del Consell, son por servicios que han acabado contrato y no ha dado tiempo a tramitar uno nuevo". 

Tanto socialistas como Compromís enmarcan la decisión del PP como un intento a la desesperada para tapar los casos de corrupción que están siendo investigados. Desde el  Gobierno del Botànic no se contemplaba que el principal partido de la oposición lleve al Consell ante la justicia. Un contrataque que le ha permitido llevar la iniciativa política y abrir algunas grietas. 

Con todo, partidos, formaciones y representantes políticos en la oposición; así como ciudadanos de a pie no han tardado en reaccionar a la investigación penal abierta por la Fiscalía sobre el supuesto fraccionamiento de estos contratos en la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Y lo han hecho, a través de las redes sociales, con argumentos muy dispares. 

 

 

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