Si España financió el Golpe de la Generalitat, el Gobierno tendrá que explicarlo

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha puesto letra a lo que era una sospecha a voces: la más que probable utilización de dinero público de todos los españoles, a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para subvencionar el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña y, en alguna medida, todo el procés separatista.

España ha dedicado a la Generalitat un rescate como el de Europa a Grecia. ¿Para ser atacada con ese dinero?

El responsable del auto viene a decir, con una lógica inapelable, que es más que probable que una parte indeterminada de los más de 53.000 millones que España ha dedicado al rescate financiero de Cataluña desde 2012 se hayan destinado a costear el Golpe de Estado impulsado por la institución  receptora de esos fondos, la propia Generalitat.

Y lo hace desde una razonamiento incontestable: existan o no apuntes concretos que visualicen la cantidad exacta del FLA desviada a abonar la factura precisa del tal o cual hito del procés; la mera transferencia de tantos recursos a una institución en ruinas que sin embargo pudo financiar el desafío al Estado atestigua los hechos.

Que luego todo se pueda demostrar y que tenga una u otra resolución judicial es importante a efectos penales; pero ya tiene un valor político de enorme envergadura: España ha estado armando económicamente a quienes han hecho lo imposible por acabar con ella.

La intervención de las cuentas catalanas en 2017 desde Hacienda, antes incluso de que se aprobara en el Senado el artículo 155 para frenar el pulso, prueba además que se podía haber controlado este abuso si hubiese habido voluntad política para hacerlo. Lo mismo que decidió Montoro al vincular recientemente la habilitación de transferencias a la presentación semanal de facturas desde la consejería de Junqueras, podía haberse hecho desde que se puso en marcha el FLA.

¿Qué control, ministro?

Y no se hizo. El titular de Hacienda no puede conformarse ahora con decir que, en sus controles habituales, jamás detectaron el empleo de dinero reservado para el desarrollo competencial de la Generalitat en el procés, pues obviamente el Govern se cuidaba mucho de simularlo. Pero era obligación del Ministerio establecer otros mecanismo de control que sortearan la creatividad contable de una institución volcada en la independencia desde hace seis años.

Montoro no puede conformarse ahora con un par de frases ingeniosas: debe dar explicaciones muy detalladas

¿No se detectó o se miró para otro lado? ¿Se pensó que hacer la vista gorda era una buena manera de calmar las aguas, al final convertidas en maremoto? Sea cual sea la razón, el auto judicial obliga al Ministerio de Hacienda a dar explicaciones muy detalladas de por que mientras España dedicaba a Cataluña lo mismo que Europa a Grecia; un Govern golpista tenía todos los medios económicos a su disposición para acabar con la Constitución y deformar la realidad democrática española.

A Montoro no le vale ya con un par de frases ingeniosas o ligeras, típicas de quien está acostumbrado a tratar su Ministerio como un brazo político antes que como una garantía institucional colectiva. Su caprichoso globo sonda sobre la quita de deuda autonómica pertenece al mismo tipo de política que explicaría el bochornoso auto judicial sobre el FLA.

Ni por acción ni por omisión

Si ya es discutible la gestión de un ministro de Hacienda que obvia al sector productivo de este país más abandonado -pymes, autónomos y pequeño comercio- y sólo tiene recetas para el sector público o las Comunidades Autónomas; la constatación de que el Golpe en Cataluña se hizo con su complicidad, por acción u omisión, entraría de lleno en la categoría del escándalo.