Sánchez e Iglesias concretan su amenaza de "asaltar" la Justicia por las bravas

Sánchez e Iglesias. Y Lastra y Echenique. Las cuatro cabezas visibles de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos se han vuelto a unir para perpetrar un nuevo golpe a las instituciones del Estado. Esta vez, es el Poder Judicial el que pretenden asaltar, modificando la norma que establece el sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial, para sacar de la ecuación al PP y dejar al máximo órgano de control de los jueces en manos del propio Gobierno y de sus socios de investidura.

Y es que, después del golpe de efecto dado por Sánchez para controlar la Fiscalía General del Estado, con el nombramiento de Dolores Delgado, ahora es el turno del CGPJ, con la excusa de que quieren acabar con el "bloqueo" impuesto por el PP.

Los jueces soportan la presión de Moncloa y no paran sus nombramientos

 Por ello, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han registrado este martes la proposición una ley orgánica para reformar el sistema de elección del CGPJ, para rebajar la mayoría de tres quintos necesaria actualmente para situar en la mayoría absoluta los votos necesarios para que las Cortes elijan a los 12 miembros del máximo órganismo judicial que les corresponde.

De esta manera, el Gobierno podría servirse de la mayoría de la investidura para colocar al frente del Consejo a quién consideren pertinente, dejando a un lado a la oposición y politizando la Justicia a su antojo, en un momento clave para la coalición, cuando Unidas Podemos y su jefe de filas, Pablo Iglesias están acorralados por los jueces, tanto por la supuesta financiación irregular de la formación morada, como por el llamado 'caso Dina'.

Además, la decisión de que sean el PSOE y Unidas Podemos los que impulsen en el Congreso la reforma para cambiar el sistema de elección CGPJ a través de una proposición de ley evitará al Gobierno los informes de órganos consultivos que se exigen en los anteproyecto de ley que treamita el Consejo de Ministros.

Así, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial por la vía del proyecto de ley obligaría al Gobierno de PSOE y Podemos tener que pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio CGPJ.

Sin embargo, al tomar la iniciativa los grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno y tramitarse la reforma vía proposición de ley, ya no son necesarios esos informes y, según los socialistas, podría estar aprobada en tres meses, sorteando así, cualquier traba que se pueda imponer por parte de dichos órganos consultivos.

El PP avisa de que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional

Mientras tanto, desde el PP ya han avisado de que no van a participar en la renovación del CGPJ si Podemos forma parte de ese proceso, ya que, según ha dicho, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, el objetivo del partido morado es "erosionar las instituciones". Además ha indicado que el Ejecutivo tiene "la llave" para desbloquear el Consejo y pasa por "avanzar en la despolitización".

En este sentido, ha señalado que el PP ya ha planteado su propuesta y pasa por que "los jueces elijan a los jueces". "Hemos dicho que queremos avanzar en la despolitización y que lo que no puede ocurrir es que en la ecuación entre un partido que está en el Gobierno que ataca sistemáticamente a la Justicia, a la Constitución y al jefe del Estado", ha zanjado.

De hecho, el propio líder del PP, Pablo Casado, ya ha compartido un mensaje en las redes sociales en el que ha avisado de que su formación no se va a quedar de brazos cruzados ante este "atropello a la legalidad" que pretende perpetrar Sánchez. 

Así, ha asegurado que "Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado", algo que no está dispuesto a permitir, por lo que recurrirán "al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos".

Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado. No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos.

— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 13, 2020