El Supremo archivará las denuncias y Juan Carlos I podrá volver a España

Punto y final al caso con el que el Gobierno, con Unidas Podemos a la cabeza, pretendía acorralar al Rey Emérito. Todo apunta a que la Fiscalía del Supremo se apremia a cerrar la investigación exonarando a Juan Carlos I de cualquier responsabilidad sobre el posible cobro de comisiones irregulares y su ocultación en paraísos fiscales, que previsiblemente será cerrada sin solicitar al alto tribunal la apertura de causa penal alguna.

Según ha adelantado El Confidencial, la clave estaría en la aplicación extensiva de su inviolavilidad prevista en la Constitución, de la que gozó hasta su abdicación en junio de 2014 y que podría ser aplicada a los hechos investigados.

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 La investigación fiscal está dirigida a establecer la participación de Juan Carlos I en hechos penalmente relevantes ocurridos con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reconoce al Jefe del Estado. Una parte importante ha estado también dirigida a estudiar si las actividades presuntamente delictivas están o no prescritas.

Así, el equipo de fiscales que analiza este asunto ya habría llegado a una conclusión, contraria a judicializar este asunto, y trabaja en un informe que aunque será muy duro en el relato de hechos atribuidos al padre de Felipe VI concluiría que hay que aplicar en todo caso el principio de inviolabilidad.

Ello puede ser por dos motivos, o bien los hechos presuntamente delictivos, relativos al cobro de comisiones relacionadas con el AVE a la Meca y otras operaciones, así como a la gestión opaca de dichos fondos, se cometieron antes de la abdicación, por lo que no generan responsabilidad penal; o bien se opta por aplicar a este asunto lo señalado por el dictamen del Congreso de los Diputados que calificó de "absoluta" y con "efectos permanentes" la irresponsabilidad penal del exmonarca.

Dicho informe le sirvió al PSOE para oponerse a la constitución de una comisión de investigación parlamentaria sobre los negocios del Rey emérito que había sido solicitada por los grupos parlamentarios de ERC, JxCAT, PNV, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP. En todo caso, aún se estarían practicando diligencias menores, pero la idea es que el informe pueda notificarse antes de Navidad.

De esta manera, una vez que se notifique y se dé por zanjado el asunto se abre la puerta a un posible retorno del Rey Emérito, que siempre ha querido volver a España tras su salida el pasado mes de agosto ante la presión iniciada por el sector morado del Gobierno, que ha atacado sin piedad a Juan Carlos I durante meses con la única intención de acabar con la Monarquía e instaurar su ansiada república.