Prueba de fuego de ´valencianismo´para Ciudadanos y Vox en plena precampaña

Este miércoles el pleno de Les Corts vota la proposición de ley presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios de PSPV-PSOE, PP, Compromís y Unides Podem para la aplicación del derecho civil valenciano. Se trata, en la práctica, de un trámite que quedó colgado la anterior legislatura por el adelanto de las pasadas elecciones y que constituye el paso previo para que el Congreso pueda tramitar una modificación de la Constitución que permita recuperar la legislación autóctona, aplicada entre 2008 y 2016 hasta que el Tribunal Constitucional la anuló.

Los cuatro partidos indicados tienen claro su voto favorable, por lo que el punto saldrá adelante. No obstante, las otras dos formaciones con representación en Les Corts no siguen la misma línea. En el caso de la principal por número de diputados, Ciudadanos, l´Associació de Juristes Valencians, entidad impulsora de la recuperación de este derecho civil foral, le ha insistido, aunque el partido de Rivera hasta la fecha se ha venido negando a pesar de que sí reconoce esa legislación propia en Cataluña o Navarra.

El motivo consiste en una directriz que emana de su dirección nacional y que les impide aprobarla. No obstante, el presidente de l´Associació de Juristes, José Ramón Chirivella, ha mantenido reuniones con representantes de Ciudadanos en Les Corts y el Congreso y ha tratado de hacer lo propio con el responsable nacional de la formación que da la consigna de votar en contra, sin que hasta la fecha lo haya podido identificar y conseguir.

"Resulta del todo injusto que no podamos explicar a la cúpula de Ciudadanos la importancia de este punto y que decidan desde Madrid, sin escuchar nuestra argumentos, qué tiene que votar su partido en la Comunidad Valenciana", explica Chirivella, que acudirá al pleno de hoy con diversos representantes de la sociedad civil autóctona para que sean testigos de lo que ocurra. Chirivella lamenta que "esperaba más de Ciudadanos con la llegada de Toni Cantó por su interlocución directa con Albert Rivera; no obstante, la respuesta ha sido la misma: no querer escuchar".

A juicio de la entidad de juristas que promueve esta iniciativa, quien vote en contra de la propuesta, "quedará claro que no representa los intereses valencianos". Y lo hará en plena precampaña, a menos de mes y medio de las próximas elecciones.

Por otra parte, desde la asociación que preside Chirivella tampoco aguardan un voto favorable de Vox, partido que en la Comunidad Valenciana recogió voto del denominado sector ´blavero´, opuesto a Compromís, por lo que un rechazo a respaldar la legislación autóctona también podría suponer "una traición a una parte de su electorado". De cualquier modo, L´Associació de Juristes todavía confía en un cambio en el último minuto y que tanto Vox como Ciudadanos secunden la iniciativa o, como poco, se abstengan.

Historia del derecho foral

La capacidad legislativa autóctona se retrotrae a Jaume I. Cuando, en 1238, conquistó Valencia y añadió a su corona las tierras en las que vivimos, les otorgó esa capacidad legislativa propia. Hasta que en 1707, con la victoria de Felipe V sobre el archiduque Carlos, esa independencia normativa quedó suprimida de sopetón con el denominado Decreto de Nueva Planta. Constituyó una de las maneras en las que el monarca castigó al pueblo valenciano por apoyar a su contrincante.

Así continuó la historia hasta que el desarrollo autonómico de los años 80 del siglo XX propició que Les Corts recuperaran esa posibilidad de legislar -que no la normativa de siglos atrás- y que la Comunidad Valenciana tuviera un derecho civil propio entre 2008 y 2016, ocho años en los que la normativa autóctona ha contribuido a regular la vida de alrededor de 300.000 ciudadanos. Hasta que el Tribunal Constitucional volvió a truncar la independencia legislativa.

Y ese derecho del siglo XXI no versaba sobre cuestiones de centurias anteriores. Al contrario, aportaba soluciones bastante más modernas que el propio derecho civil nacional. Por ejemplo, prima la custodia compartida de los hijos en casos de separación matrimonial, de manera que marca unas directrices normativas y no lo deja tan al albedrío de cada juzgado. O permite que, en parejas de hecho, el cónyuge de quien fallece tenga unos derechos hereditarios. Afecta a cuestiones prácticas, cotidianas.