Una agenda comprometedora incautada por la Guardia Civil acorrala a Marta Rovira

Una simple agenda puede ser determinante para la investigación final del procés. Una agenda que arranca el 12 de enero de 2015 con anotaciones sobre estrategias políticas de ERC, pactos con CiU y CUP, y lo que se denomina ideas de fuerza, hoja de ruta y programa.

Así, el horizonte político de la número dos de Esquerra, Marta Rovira, puede sufrir en los próximos días un vuelco total a manos de la Guardia Civil.  Pero no solo el político, también su futuro procesal está en cuestión, tras la última decisión adoptada este mismo lunes por el magistrado Pablo Llarena.

El juez del Tribunal Supremo ha pedido a los investigadores del Instituto Armado  que rastrean el procés que redacten un informe que recoja el posicionamiento de los integrantes del llamado Comité Estratégico independentista creado para llevar a término las actuaciones que derivaron en el 1-O y en la DUI, y que estaría formado por los ya investigados Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, además de los portavoces de las formaciones independentistas y líderes de entidades soberanistas.

Así lo ha acordado el magistrado en una providencia, por aparecer dicho Comité en el documento Enfocats incautado durante un registro ordenado por el Juzgado número 13 de Barcelona. Este documento establece la coordinación de un hipotético Govern de transición, el cual tendría un Comité Estratégico y un Comité Ejecutivo.

La Guardia Civil ultima las pruebas que sitúan a Marta Rovira, Anna Gabriel y Artur Mas, en el "núcleo duro" del procés

Este Comité Estratégico estaría integrado por el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los portavoces de los grupos parlamentarios independentistas como Anna Gabriel (CUP) o la portavoz de ERC en la coalición de Junts Pel Sí, Marta Rovira.

También participarían presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas, como Artur Mas o Marta Pascal, presidente de honor y coordinadora general del PdeCAT, respectivamente, y los presidentes y vicepresidentes de la ANC, Òmnium Cultural y la AMI (Asociación de Municipios Para la Independencia).

Los investigadores no parten de vacío: ya disponen de una agenda y varios documentos que establecería la coordinación entre el expresident y las portavoces de JxSí y la CUP con Puigdemont y Junqueras. 

Esta agenda, intervenida por la Guardia Civil en el registro que se llevó a cabo el 20 de septiembre en el domicilio de Josep Maria Jové, exsecretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, revela que CDC y ERC ya tenían muy avanzadas las fases del plan de independencia antes de las elecciones de septiembre de 2015, cuando todavía gobernaba Artur Mas.

Así lo indican las anotaciones encontradas en la agenda incautada por el Instituto Armado y que hacen referencia a la "hoja de ruta" independentista unida al programa electoral que defendían ERC y CDC, partidos que en dichos comicios se presentaron en la coalición Junts pel Sí.

Cabe recordar, en este sentido, que Rovira y Mas asistieron a la reunión del "Govern ampliado" en la que el 26 de octubre Puigdemont quiso testar la opinión ante un posible adelanto electoral, finalmente frustrado y que acabó en la aprobación de la DUI.

Anna Gabriel (CUP) y Marta Rovira (ERC) -flanqueando al exconseller Rull- en el punto de mira del Supremo.

Con su batería de diligencias, el juez Llarena quiere conocer el posicionamiento por un lado de los 22 investigados formalmente en la causa y por otro de los integrantes de dicho Comité respecto de los incidentes ocurridos en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre durante los registros ordenados por el titular del Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, días antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Lo que quiere saber Llarena es si todos ellos han tenido alguna intervención, ya sea en actos de programación, coordinación apoyo o de ejecución, en la estrategia recogida en Enfocats. En este documento el exGovern diseñó la hoja de ruta para poner en marcha el proceso de desconexión que derivaría en la declaración unilateral de independencia (DIU) de Cataluña.

Por ello pide un informe "individualizado y secuencial" sobre los incidentes del 20 y 21 de septiembre, la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, y las dos huelgas generales que tuvieron lugar en Cataluña el 3 de octubre y el 8 de noviembre con el fin de esclarecer la participación de cada uno de los imputados en estos hechos.

El papel de Rovira, más cerca del "núcleo duro"

El juez instructor quiere recabar datos objetivos para valorar si hubo concierto entre los responsables de las formaciones arriba mencionadas y las entidades soberanistas de cara a compartir una estrategia para lograr la independencia de Cataluña y si las actuaciones llevadas a cabo por el exgobierno catalán se pudieron sufragar por dichas entidades.

En la misma providencia, el juez solicita otro informe sobre los fondos públicos de los que se haya podido disponer para iniciativas administrativas anuladas por el Tribunal Constitucional como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero, u otras semejantes.

Llarena también quiere conocer el grado de participación que tuvieron las formaciones de PDeCAT, ERC o las entidades soberanistas en las movilizaciones sociales encaminadas a respaldar la declaración de independencia y pide otro informe sobre las actuaciones concretas desarrolladas por los llamados Comité de Defensa del Referéndum y Comité de Defensa de la República, integrados dentro del Comité Estratégico.

El golpe maestro del juez Llarena hunde toda la estrategia de Puigdemont

Hasta el momento Llarena investiga en esta causa a Carles Puigdemont y otros trece exconsejeros del gobierno catalán además de los seis miembros de la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

También dirige su actuación contra los líderes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por el delito de sedición, tras acumular esta pieza en la causa general que instruye por la deriva soberanista.