25 de mayo de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Madrid, Bilbao y Sevilla son las tres ciudades que menor información aportan

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena

9 de cada 10 euros que gastan los ayuntamientos españoles no están sometidos a auditoría. El escandaloso dato contrasta con el del Estado Central, que sí fiscaliza el 90% de sus gastos.

El 90% del gasto que realiza el conjunto de los ayuntamientos españoles no llega a auditarse, según el informe sobre la auditoría del sector público en España, realizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas (Icjce).

De esta forma, el gasto aproximado que se audita se limita al 9,4%, un porcentaje que disminuiría al 6% si no se tuviese en cuenta a Barcelona, ciudad que está obligada a hacerlo al emitir deuda en los mercados financieros. Así, los ayuntamientos que aportan un menor nivel de información son Madrid, Bilbao o Sevilla.

Por el contrario, las corporaciones de San Sebastián, Sagunto, Granollers, San Cugat del Vallés, Las Rozas, Tarrasa, Logroño, Valencia y Valladolid son las mejor situadas.

Las peores autonomías

En cuanto a las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid se encuentra en la peor posición, puesto que la información pública que aporta "no permite ni siquiera evaluar su situación real". Además, la planificación de las auditorías en esta región se encuentra entre las más "defectuosas".

Las Islas Baleares, Navarra, la Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco y Cataluña ocupan las primeras posiciones al aunar una supervisión de la mayor parte de su gasto público y presentar una planificación de sus auditorías más "sólida".

Por último, en los sectores público estatal, empresarial y fundacional, que están sometidos a una fiscalización de sus cuentas, el porcentaje de auditorías aumenta hasta el 91%, 90% y 88%, respectivamente. 

 

 

Pese a estos datos, que dejan en muy mal lugar la gestión financiera de los ayuntamientos, el discurso de elevar el llamado "techo de gasto" se está imponiendo y los Presupuestos Generales del Estado para 2018 incluyen esa posibilidad. Y si con eso no llega para mantener sus costosas maquinarias sin auditar, hay propuestas sobre la mesa para obtener más recursos de manera sorprendente.

La más llamativa viene de En Marea, confluencia gallega de Unidos Podemos, quiere modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir a los ayuntamientos aplicar recargos de entre el 50% y el 75% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos que estén vacíos de forma continuada.

Para ello, ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que buscan definir qué se considera una vivienda vacía y así permitir el recargo en el IBI que ya prevé la citada ley, pero que no puede aplicarse ante la falta de un reglamento posterior.

En este sentido, la formación gallega precisa en su ley que se entenderá que un piso está vacío cuando, teniendo condiciones para ser utilizada, se mantiene desocupada durante un periodo superior a un año o a 22 meses, alternos o continuos, a lo largo de dos años.

La excepción a esta regla general se dará cuando el propietario pueda alegar razones laborales, de conciliación familiar, de salud, de dependencia o de emergencia social. Además, el recargo podrá ser fijo para todos los casos o variable en función del número de años de desocupación, del valor catastral de la vivienda o de cuántos pisos vacíos tenga el mismo contribuyente.

 ¿Ayuntamientos y pensiones?

El jarro de agua fría para la política de gasto corriente, que no en el usuario, que practican buena parte de los ayuntamientos españoles, viene con mensajes como el reciente de José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, reclamando a los Consistorios un mayor compromiso con el gasto social.

En ese sentido, recordó algo que los alcaldes apenas practican y desde luego esquivan en público generalmente:  en otros países gastos como la dependencia, la asistencia social o el esquema de renta mínima es asumido por los ayuntamientos, ya que se trata de un gasto "muy de proximidad". 

A este respecto, ha recordado que el gasto de los ayuntamientos en 2017 creció un 1%, cuando la regla de gasto les permitía crecer al 2,1%, y es que la mayoría de corporaciones locales no se han visto restringidas por la regla de gasto, que muy probablemente desaparezca además si se aprueban, como parece, los Presupuestos Generales del Estado para el vigente 2018.

Sin fiscalización total

Las Cámaras de Cuentas se han cansado: uno de cada tres ayuntamientos de España se salta su fiscalización global, y no sólo la auditoría de sus gastos. La magnitud del problema que denuncian es tal que exigen reformas legales para que sea imposible ignorar sus obligaciones.

Cada ayuntamiento tiene su propio convenio colectivo, que a menudo consagra un coste laboral sobre el presupuesto total más alto que en ninguna otra administración pública. Contratan, suben impuestos, inventan tasas, crean organismos y empresas y, en general, operan con una autonomía inmensa y poco escrutinio ajeno.

Piden que no se les pague desde el Estado mientras no rindan cuentas
 

Salvo el del Tribunal de Cuentas que, en su versión regional denominada Cámara, fiscaliza las cuentas de cada ciudad por ley y con carácter anual. Es, junto al control del techo de gasto que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria para municipios endeudados -que da la última palabra al Ministerio de Hacienda sobre los presupuestos de cada uno de ellos-, el mayor control financiero que tienen obligación de respetar los alcaldes.

Incumplidores

Pero sólo teóricamente. Las triquiñuelas para intentar saltarse a Montoro, aprobando presupuestos que fijan un gasto alto seguro y unos ingresos artificiales de la misma dimensión, son aún mayores al respecto de la Cámara de Cuentas autonómica, como evidencia un dato demoledor revelado por el conjunto de órganos de control financiero: el 35% de los ayuntamientos de España, más de uno de cada tres, no había entregado sus cuentas aún a finales del último año completo.

Los tribunales de cuentas de todo el país se han cansado y exigen medidas legales para que todas las administraciones públicas locales cumplan con laobligación de remitirles la información para ser fiscalizadas, puesto que un 35 por ciento de los ayuntamientos, según los datos de 2015, último año disponible y cerrado, no lo hace.

El Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo (OCEx) de las comunidades autónomas han firmado sendas declaraciones para que se adopten medidas legales encaminadas a reducir y homogeneizar los plazos derendición de cuentas del sector público, así como para impulsar la rendición de cuentas de las entidades locales.

Las diputaciones son mejores que los ayuntamientos, aunque el 13% de ellas no se fiscaliza

En concreto, estos tribunales piden entre otras medidas que se ponga como fecha límite para efectuar la rendición de cuentas y que sea, en general, la del 30 de junio del ejercicio siguiente, con las adaptaciones y los periodos transitorios que sean necesarios.

Además, para estimular este ejercicio piden entre otras cosas reforzar los recursos de los interventores locales, así como la asistencia y el asesoramiento a los municipios, especialmente a los de menor dimensión.

Medidas coercitivas

También, revisar y actualizar las multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas o de falta de colaboración, y condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias a la efectiva rendición de cuentas.

Además, estos tribunales piden también al Gobierno que haga efectiva también la retención de la participación en los tributos del Estado para los municipios incumplidores.

Según Julio Naranjo, socio director general de Arpinum Consultores, la falta de rendición de cuentas es, junto a la inaplicación de la Ley de Transparencia en su totalidad, el gran agujero negro de la administración municipal en España. "No se deben gestionar tantos recursos públicos sin un control superior ni tampoco sin rendir cuentas a la opinión pública, pero además es que no se puede legalmente. Y aunque ahora parece que sale gratis incumplir, cada vez el precio legal, jurídico, económico y político de quienes ignoren sus obligaciones va a sermayor", explica.

 

Javier Rodríguez Palacios (PSOE) gobierna Alcalá con Podemos, en un caso paradigmático: acaba de aprobó en esta legislatura un presupuesto de 188 millones con apenas 130 millones de ingresos 

 

Alcalá, un caso llamativo

El pasado 31 de diciembre de 2015, el 76 por ciento de las entidades locales del país había entregado al órgano fiscalizador correspondiente sus cuentas del ejercicio 2014, una tasa más baja que la de 2013, cuando lo hizo el 82 por ciento. Son los últimos datos firmes de que se disponen.

En concreto, había cumplido con la obligación el 65 por ciento de los ayuntamientos, el 87 por ciento de las diputaciones y todas las áreas metropolitanas. Los niveles más bajos de rendición en plazo fueron los de cabildos y consejos insulares (30%), las mancomunidades (43%) y las agrupaciones de municipios (25%).

Mientras familias y pymes reducían su deuda; el Estado no ha hecho más que engordar la suya

En España hay más de 8.000 corporaciones locales y, si bien su deuda conjunta se ha reducido en los años de crisis, sigue superando los30.000 millones de euros, con casos tan llamativos en España como el de Alcalá de Henares, la segunda ciudad de Madrid.

Allí, un gobierno compuesto por PSOE, Podemos y una expulsada de IU tiene unpresupuesto de 188 millones de euros pese a que la última liquidación de ingresos conocida sitúa el dinero real disponible en poco más de 130 millones,de los cuales en torno a 80 se dedican a personal y salarios de los propios políticos.

Y además con una deuda aproximada de 200 millones sólo ante entidades bancarias que encuentra por corolario un hecho probablemente único en toda España: por distintas causas, seis de los catorce miembros del Tripartito gobernante están imputados, entre ellos tres de Podemos y el propio alcalde, Javier Rodríguez Palacios, a más inri responsable de la comisión de Ética del PSOE madrileño.

Y además contratan...

En el conjunto del sector público, la deuda ha batido su propio récord en el último año y ya ha superado en varias ocasiones el 100% del PIB, con una dato revelador: mientras decrecía el endeudamiento de pymes, empresas y familias en los años de crisis; el del Estado no ha dejado de crecer hasta superar todas las marcas.

 

 

Con Madrid sin presupuestos pese a haberse iniciado ya 2018 y Barcelona con un Gobierno en minoría, otro dato sobre la vida municipal llama a la inquietud: los años de crisis apenas han variado los convenios colectivos que consumen buena parte de los presupuestos municipales en muchas ciudades endeudadas, pero eso no es óbice para que sigan ampliando sus plantillas. Hasta 22.000puestos de trabajo nuevos se crearon a lo largo de 2017 en los ayuntamientos españoles. Y la cifra no dejará de subir.

 

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