Cisma en el PP de Villaviciosa por la elección de Pilar Martínez como candidata

La absolución de Pilar Martínez por parte de la Audiencia Provincial de Madrid en la causa penal contra ella por un presunto delito de ordenación territorial llegó justo a tiempo para que el PP de Madrid la designara candidata al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.

Sin embargo, la decisión del partido que comanda Pío García-Escudero ha provocado un cisma en el PP de Villaviciosa, que ella misma preside desde junio de 2017 con un alto grado de oposición interna (ganó las primarias con el 57% de los votos).

Varios concejales del PP en el Ayuntamiento y en torno a un centenar de militantes amenazan con darse de baja y formar una agrupación de electores con la que presentarse a las elecciones municipales del 26 de mayo, según publica el diario local Acua.

Ello supondría un daño enorme a las siglas del PP en la localidad, ya de por sí debilitadas por la pinza de Ciudadanos y sobre todo de Vox.

No en vano, Martínez ha salido absuelta de esta causa, pero pesa sobre ella otra imputación por la operación Lezo, cuando era consejera de Servicios Sociales del Ejecutivo de Alberto Ruiz Gallardón. Está imputado todo el equipo de gobierno de éste por la compra, presuntamente irregular, de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II. 

Y la semana pasada un programa de investigación de Telemadrid destapó un posible delito de alteración de subasta pública presuntamente cometido por el Ayuntamiento de Madrid cuando ella era concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. 

Las constructoras que resultaron adjudicatarias del proyecto de obra del túnel norte del bypass sur de la M-30 encargaron la tuneladora con la que se iban a hacer los trabajos, curiosamente, dos meses antes de que estos les fueran adjudicados. El caso puede acabar en los tribunales, a decir de dos fiscales consultados por la cadena. 

Un posible amaño en la M-30 salpica a Gallardón y a su exconcejal de Urbanismo

En cualquier caso, la absolución de Martínez responde a que la Audiencia Provincial considera que la acusación particular y la fiscalía "no han aportado prueba alguna" que acredite que la ya candidata y sus hermanos son los responsables de las construcciones ilegales (chalés y piscinas) de la finca Las Lobosas. 

Se trata de una finca familiar ubicada en terreno protegido no urbanizable que la dirigente popular y sus hermanos heredaron a la muerte de su padre, en 2014. Toda su defensa se ha basado en que las construcciones se hicieron con su padre vivo, siendo éste el promotor y responsable. 

Es por eso que en la sentencia, a la que ha tenido acceso ESdiario, la juez considera que no ha quedado probado que "los referidos acusados además de ser 'usuarios' de las mismas (las edificaciones), fueran promotores o constructores de las mencionadas construcciones, para poder ostentar la condición de sujetos activos del delito".

Eso y la prescripción del delito (en este caso a los cinco años) es lo que ha salvado a Pilar Martínez. Pero no a su hermano Alberto Eugenio, que ha sido condenado a nueve meses de prisión y una multa, tras derrumbarse durante el interrogatorio del fiscal. Puesto que en su caso sí ha quedado probado durante el juicio que construyó en el terreno que heredó después de la muerte de su padre, "sin la previa solicitud de autorización para su realización, ni para su legalización".