La Zona Norte de Alicante se siente 'abandonada' por el Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista se ha mostrado muy crítico ante lo que considera la parálisis de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, que tarda dos semanas en dar respuesta a personas que antes ya vivían de lo que recibían diariamente, y cuando responden, lo hacen para negar su ayuda a familias con ingresos de 300 € al mes, según usuarios y Asociaciones de Vecinos de la Zona Norte, que se muestran muy críticos con la actual responsable de Servicios Sociales, Julia Llopis.

Estos vecinos han trasladado al Ayuntamiento su preocupación porque casi un mes después del estado de alarma, no han recibido ayudas institucionales para paliar la extrema necesidad que se vive en estos barrios. El PSOE, en un comunicado enviado a la Prensa, ha querido denunciar lo que para ellos es fruto de la "improvisación" del alcalde Luis Barcala. 

En palabras del portavoz socialista, Paco Sanguino, “el alcalde Luis Barcala no parece entender que la gente tiene la 'fea costumbre' de comer todos los días y tenemos barrios enteros subsistiendo en el día a día con limpiezas de hogar sin contrato, reparaciones, servicios e infraempleos que ahora, paralizada la actividad por la pandemia, no permiten llevar siquiera lo más básico a casa. Si tienen que pedir ayuda a la UME, que lo hagan, pero no pueden prescindir de ninguna ayuda cuando tenemos asociaciones de vecinos que ya se han ofrecido a gestionarlo desde los centros sociales de cada Distrito, con los listados que el propio Ayuntamiento les ha instado a facilitar. Alicante no es quien debe pagar el precio de la administración local raquítica que el PP ha dejado en los últimos 25 años.”

El PSOE denuncia que la Zona Norte está al límite y arremete contra la gestión en Servicios Sociales del actual equipo de gobierno

El PSOE denuncia que el señor Barcala está improvisando para tapar los escasos recursos que el PP asigna a la Acción Social de la ciudad. El alcalde no valora la dimensión de la situación extrema que afecta a miles de familias alicantinas que cuando piden ayuda, les hacen esperar dos semanas una respuesta del Ayuntamiento que casi siempre es negativa.

Paco Sanguino considera que las medidas adoptadas hasta el momento han sido escasas, puntuales e insuficientes, “fruto de la improvisación política, no responden a una evaluación realista de la gravedad de la situación”. Las actuaciones para atender a los núcleos poblacionales más desfavorecidos, según el líder socialista, “se inició con la derivación de familias a recoger lotes de alimentos a dos entidades sociales, pero esta medida colapsó ante la gran demanda. Esta actuación tan solo duró desde el 17 hasta el 31 de marzo (dos semanas). Estamos a 12 de abril y ya no sabemos cuánto tiempo más necesitan para dar una respuesta a zonas como la Zona Norte de Alicante, cuyo Centro Social Gastón Castelló podría centralizar perfectamente la respuesta a esta emergencia con la colaboración de las asociaciones de vecinos, que son quienes enviaron el listado de familias con riesgo de vulnerabilidad. Nos unimos a la reclamación de las Asociaciones Vecinales para descongestionar la acción social en la ciudad, no podemos esperar más tiempo y si Barcala decide pedir ayuda a la UME para la distribución de alimentos tendrá todo el apoyo de los socialistas”.

El PSOE afirma que desde el 2 hasta el 8 de abril (una semana), los Centros Sociales han tramitado vales de compra en un supermercado de la ciudad por importe de 150 y 200 euros, con una dotación total de 100.000 euros. El alcance del mismo ha sido de 500-600 familias y con esta medida el Gobierno del bipartito ha agotado el crédito presupuestario aprobado por la Junta de Gobierno presidida por Luis Barcala. Desde el jueves ya no se pueden tramitar más solicitudes.

En este sentido, la edil responsable en el Grupo Socialista del área de servicios sociales, Lola Vílchez, apunta que la Concejalía de Acción Social está “absolutamente perdida, actúan fruto de la improvisación del momento y generan desigualdad en el trato a unas familias que ven pasar los días sin que entre dinero en casa. Hay un número alarmante de familias esperando una respuesta después de dos semanas de realizar su demanda y hasta el miércoles 8 de abril, las solicitudes que se gestionaron en los centros sociales fueron realizadas el 25, 26 y 27 de marzo. Es tan sencillo como que nada puede ser considerado urgente para el Ayuntamiento cuando lo hace esperar 2 semanas. La ausencia de iniciativa por parte de la Concejalía de Acción Social hace más dramática la situación de miles de familias alicantinas. No podemos esperar más, necesitamos medidas realmente urgentes”.

Por otra parte, la concejala Vílchez ha manifestado que para más gravedad, “los centros sociales han tenido que cancelar citas de familias para poder recoger su vale de compra en supermercado al terminarse el presupuesto. Algunas personas tenían citas y no podrán ser atendidas al haberse agotado la partida presupuestaria. El Ayuntamiento tiene que empezar a considera la dimensión del problema de una vez, los socialistas no vamos a permitir que su Ayuntamiento les deje tirados”, termina Vilchez.

Guardia Civil, al rescate

Desde que se decretó el estado de alarma, el Equipo de Atención al Inmigrante (EDATI) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante está contribuyendo a la distribución de comida entre varios colectivos de la provincia.

La Guardia Civil entrega alimentos a las comunidades de senegaleses, venezolanos y georgianos para asegurar que ningún ciudadanos esté falto de las necesidades básicas

Este equipo ha repartido alimentos, junto con Protección Civil, entre las comunidades de senegaleses, venezolanos y georgianos para asegurar que ningún ciudadanos esté falto de las necesidades básicas. Según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, durante los próximos días continuará colaborando con las diferentes asociaciones para garantizar que el reparto llegue al máximo de personas posibles.

Estos agentes también realizan una labor informativa, pues solventan cualquier inquietud que pueda surgir en referencia al cumplimiento del Real Decreto.