La Fiscalía General, convertida en burdo abogado defensor del Gobierno

El teniente fiscal, Luis Navajas, arremetió ayer contra al menos dos fiscales por, según él, presionarle por razones ideológicas para que no salvara al Gobierno de la veintena de denuncias y querellas interpuestas contra él por su gestión de la pandemia.

La mano derecha de Dolores Delgado no se conforma con firmar un escrito ante el Tribunal Supremo que exculpa a Sánchez e Illa de las acusaciones que, entre otros, han expresado colegios de médicos y enfermeros y víctimas del coronavirus.

Además quiere que se señale a los compañeros que, con una inmensa lista de pruebas y testimonios en la mano, consideran que sí debería examinarse qué se hizo mal y por qué para que España sea uno de los tres países del mundo con más muertos y el primero en contagios de civiles y sanitarios.

Solo por esa evidencia, investigar, auditar y chequear qué se hizo mal debiera ser una obligación inexcusable, para la Justicia y el Parlamento, que alguno de los países europeos más afectados, como Francia o Italia, han impulsado por elemental decencia.

Guerra interna en la Fiscalía tras las denuncias al Gobierno por la pandemia

Si ya es difícil de entender que todo un teniente fiscal se convierta en abogado defensor de Sánchez; que encima arremeta contra los fiscales que no están de acuerdo, resulta inaceptable. Esos fiscales coinciden con los Colegios de Médicos, con los sindicatos de enfermería y, por no alargar la lista, con los veinte científicos de primera línea que hoy vuelven a pedir una auditoría de la gestión del Gobierno en el semanario The Lancet.

Lo que Navajas tendría que explicar es por qué Dolores Delgado se negó a convocar la Sala de Fiscales. Por qué desecha la evidencia de que el Gobierno recibió desde enero cuarenta alertas internacionales y no hizo nada hasta mediados de marzo.

Por qué permitió vuelos a Italia hasta el 10 de marzo. O por qué, entre mil errores documentados, alentó la celebración del 8M cuando la OMS y la Unión Europea ya recomendaban la distancia social y la suspensión de eventos multitudinarios.

Y el CGPJ

Sánchez ya abordó la Abogacía del Estado para auxiliar a los políticos condenados por declarar la independencia de Cataluña por la fuerza. E hizo lo mismo con la Fiscalía General, poniendo a su propia ministra al frente, para actuar en casos como éste.

Que haya fiscales que se nieguen a la componenda es una buena noticia. Y que Luis Navajas les señale, la confirmación de que él está para lo que mande Delgado pero otros, afortunadamente, para hacer su trabajo con independencia. Con estos mimbres, entregar el CGPJ al Gobierno se antoja una temeridad.