"Okupas", la plaga que padece el ciudadano mientras solo se protege Galapagar

Uno de los problemas fundamentales de nuestra sociedad es la ocupación de viviendas por parte de mafias organizadas y apoyadas desde los partidos políticos radicales de izquierda. Se trata realmente de un movimiento que tiene como objetivo atacar principios y valores constitucionales como el de la propiedad, contraponiendo este derecho constitucional con otro derecho  como es el de acceso de todo ciudadano a una vivienda.

Esta falsa dicotomía que utiliza la izquierda para contraponer un derecho sobre otro valiéndose de la innata solidaridad de los españoles, debe de ser denunciada  desde un punto de vista tanto jurídico como social, los ciudadanos deben de estar protegidos por el Estado, tanto en su derecho a mantener la propiedad privada y la paz en sus comunidades de vecinos , como en su derecho a tener una vivienda digna , pero nunca el ciudadano propietario ha de proveer de dichas viviendas a los que no la tienen.

Es en ese sentido debe de procederse a llevar a cabo una reforma legal plena para evitar que las mafias de la ocupación logren su propósito de dejar el derecho a la propiedad como un derecho inexistente y sometido a los caprichos de verdaderos delincuentes que hacen de la vulneración de la ley su método de convivencia.

La recuperación de la vivienda ocupada a su propietario debe de lograrse judicialmente en un plazo no superior a 48 h y para ello debe de efectuarse un “desahucio exprés”, garantizando que con la simple presentación del título de propiedad sea suficiente para garantizar la expulsión de aquellos que no puedan presentar documento que legitime su presencia en el inmueble.

El estremecedor vídeo de una agresión a una anciana para robarla

Igualmente los Ayuntamientos  deberán exigir  para poder empadronarse en una vivienda que el interesado tenga que presentar un documento que acredite algún derecho, de alquiler o de propiedad, sobre la vivienda donde hayan fijado su domicilio.

Por  otra parte, debe de modificarse el delito  de usurpación previendo  penas privativas de libertad de uno a tres años, actualmente está penado con una simple multa, facilitando a las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan expulsar a los “okupas” en un plazo máximo de 24 horas, regulando un procedimiento penal nuevo que permita su celebración inmediata tras la denuncia efectuada por el propietario.

Es indignante comprobar como últimamente se pueden ver en las redes sociales videos en los que unos  delincuente expertos en invadir la propiedad ajena remiten correos electrónicos a los propietarios haciendo referencia  a “gabinetes jurídicos” para la negociación, verdaderas extorsiones, que acaban exigiendo dinero para la recuperación de la propiedad, ante el asombro y la impotencia de los perjudicados, los cuales son “informados”que  la alternativa es pagar o recuperar su propiedad pasado muchos meses y destrozada.

Nuestra legislación se ha quedado vieja ante un fenómeno que no ha parado de subir desde hace dos años por la comprensión del Gobierno socialista-podemita y las facilidades dadas por muchos gobiernos municipales.

Se barajan cifras de un aumento de hasta un 58% y de más de 100.000 viviendas que han sufrido algún tipo de ocupación ilegal. No hay que olvidar que Pablo Iglesias recurrió ante el Tribunal Constitucional en el año 2018 la legislación que intentaba agilizar los desahucios de viviendas ocupadas. Paradojas de la vida, ahora tiene a la Guardia Civil  custodiando su palacete de Galapagar.

Esta conducta delictiva  aumenta de forma clara en la actualidad, con una tendencia a enquistarse, debido a la tibieza del partido socialista que  se pone de perfil ante la cada vez más indignación  social por  la impunidad con la que actúan los “okupas”y las mafias de la izquierda radical que las fomentan.

Hay que actuar

Es tiempo de actuar y de posicionarse: o se está con la víctima o con el delincuente, no cabe posición intermedia, y si se quiere ayudar al que no tiene vivienda que se haga una verdadera política social con iniciativas de ayudas al alquiler o de acceso a viviendas públicas , pero no a costa de aquellos que, en muchas ocasiones , han logrado comprar las viviendas ocupadas con mucho esfuerzo y gracias  al sudor de su trabajo.

Desde Justiniano, emperador que creó la base jurídica que aún nos rige en la actualidad, se codificó el principio de que “La Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo debido”… al propietario su vivienda y al “okupa” la aplicación estricta de la ley, sin olvidar que si la ocupación esconde un problema social la administración ha de resolverlo,  para eso pagamos  nuestros impuestos .