21 de marzo de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Un economista del PSOE ataca la subida del salario mínimo de Sánchez: hay trampa

Es la medida estrella del acuerdo presupuestario entre el presidente e Iglesias, puesto que supone un aumento del 22%, más de 160 euros en un año. Ahora bien, ¿puede ser contraproducente?

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han rubricado este jueves en La Moncloa su acuerdo presupuestario, que como medida estrella incluye una subida récord del salario mínimo interprofesional para 2019, del 22,3% en solo un año.

Actualmente el SMI se encuentra en 735,9 euros y llegará a los 900, lo que supone 164,1 euros más. Ello tendrá un impacto presupuestario de 340 millones de euros extra. 

La medida está generando mucho debate entre los economistas, por la cuantía de la subida en un momento en que el mercado laboral sigue renqueante. 

Entre todas las pegas sorprende las que le ha puesto el economista José Carlos Díez, con estrechos lazos con el PSOE aunque no con Pedro Sánchez.

De hecho, él fue quien se encargó de coordinar la ponencia económica del último Congreso Federal del PSOE, pero al ganar Sánchez abandonó por discrepancias (él era de Susana Díaz). Para Díez, tal subida del SMI será contraproducente, y ha dado la voz de alerta en Twitter:

Otras de las medidas incluidas en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Unidos Podemos son:

- Subir dos puntos el IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para las que excedan de 300.000.

- Reformar en 2019 el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a sus ingresos reales.

- Incrementar la prestación por hijo a cargo de los 291 euros al año actuales hasta llegar a 473 euros anuales.

- Garantizar la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC) en 2018 y 2019 y que las mínimas y no contributivas suban un 3% en 2019.

- Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles por ley. El de paternidad aumentará a nueve semanas en 2019, 13 en 2020 y 16 en 2021.

- Aumento de presupuesto en plan estatal de vivienda, más protección a los inquilinos y regulación por ayuntamientos de precios del alquiler en zonas tensionadas.

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