¿Por qué la Justicia no ha actuado aún en la compra de votos en Andalucía?

 Resulta increíble que la Fiscalía no haya abierto ya diligencias de oficio para determinar las responsabilidades judiciales que puede tener el penúltimo caso venido de Andalucía: la organización de una trama, desde el PSOE, para garantizarse la mayoría absoluta en un municipio sevillano mediante la burda extorsión a sus vecinos.

Porque ésa es la palabra exacta que define los hechos, de enorme gravedad: los socialistas de Huévar de Aljarafe, un municipio cercano a Sevilla, intentaron captar los mil votos que necesitaban para obtener el poder, y lo hicieron elaborando un censo paralelo de vecinos a los que comprar su voluntad política a cambio de un trabajo temporal, tal y como ha demostrado ABC.

No es un tema menor, ni probablemente anecdótico, y eso explica que el PP le haya dado la máxima relevancia: el clientelismo en Andalucía, en distintas versiones, explica tal vez la longevidad del PSOE en la Junta, con un sistema vergonzoso que se ha servido de los recursos públicos de todos para perseguir y conseguir un beneficio político privativo.

Si el PP estuviera señalado por comprar votos con dinero público, la Justicia ya se habría movido. ¿Con el PSOE no?

Sea con el PER, los ERES, los cursos de formación o ahora este bochorno, la sensación de que los socialistas crearon un auténtico régimen corrupto y subsidiado es más que razonable: no obedece a manías ideológicas persecutorias, sino a la mera deducción más elemental a partir de los incesantes casos marcados por un mismo modus operandi.

Doble vara

Sin embargo, como en otros casos, la Justicia parece no darse del todo por enterada y, sorprendentemente, no hace de manera espontánea lo que en otros frentes es habitual: la desigualdad de trato entre el máster de Cifuentes y el plagio de Sánchez simboliza la sospecha de que, en el ámbito judicial, también hay una doble vara.

Y sea esto cierto o no, que no resulte descabellado pensarlo ya lo dice todo. ¿O acaso alguien cree que de estar señalados el PP, Cs o Vox por comprar votos con dinero público no hubiera pasado ya algo más allá de la denuncia periodística?