26 de junio de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Junqueras se acobarda mudo ante Vox y la Fiscalía y se niega a responderles

Oriol Junqueras, este jueves durante su declaración en el Supremo.

Oriol Junqueras, este jueves durante su declaración en el Supremo.

Tanto esperar al momento de dar la cara para acabar enmudeciendo. El vicepresidente catalán argumenta que es víctima de un juicio "político" para convertir su interrogatorio en un mitin.

"No voy a renunciar a mis convicciones democráticas, me encuentro en situación de indefensión porque estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Estoy en un juicio político. Considero que me debo a mis votantes y por eso no contestaré a las preguntas de las acusaciones".

Oriol Junqueras no da la cara. Y se niega a responder a las preguntas de la Fiscalía y de Vox, la acusación popular. Solamente acepta dar su versión del golpe independentista a las preguntas de su abogado defensor. Dice que está siendo sometido a un "juicio político". En definitiva, no da la cara, no rebate las acusaciones y los hechos, y opta por un mitin político para su causa.

Junqueras, el primero en enfrentarse la interrogatorio, se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular Vox. Junqueras es el encausado para quien la acusación pública solicita una pena más elevada, 25 años de prisión y 25 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos.

Su declaración ha comenzado a las 10.55 horas, después de que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, comunicase a las partes la resolución de algunas de las cuestiones previas, que en su gran mayoría han sido rechazadas por los siete magistrados que juzgan los hechos.

Junqueras, que sólo contestará así a su abogado, Andreu Van den Eynde, ha decidido vestir para la ocasión de manera más formal que los días anteriores -pues hoy lleva traje y corbata, acompañando el pin de consejero de la Generalitat que ha portado en la solapa los días previos-.

"No voy a renunciar a mis convicciones democráticas, me encuentro en situación de indefensión porque estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Estoy en un juicio político, me debo a mis votantes, no contestaré a las preguntas de las acusaciones", ha dicho al juez Marchena para anunciar que sólo contestará a su defensa.

"Las acusaciones retuercen la argumentación. Nada de lo que hemos hecho es delito. Votar en un referéndum no es delito. Y de los delitos que se nos quieren atribuir no hemos hecho ninguno. Las acusaciones dirán lo que crean más oportuno, pero estoy absolutamente en desacuerdo. Es una argumentación forzada, no se sustenta", ha subrayado Junqueras subiendo el tono de voz.

Más adelante, en otra pregunta de su abogado, el exvicepresidente ha insistido en esta idea y ha ido más allá: "Votar no es delito; impedir por la fuerza que la gente vote, sí. Votar no es delito porque no está en el Código Penal. Estamos convencidos de que las urnas son un elementos imprescindible en asuntos políticos", ha argumentado, apuntando después que esta es la razón por la que en la consulta del 9 de noviembre de 2014 "a nadie se le ocurrió impedirla por la fuerza, afortunadamente, pero que sucedió desgraciadamente el 1-O".

En este sentido, Junqueras ha justificado los hechos ocurridos durante el otoño de 2017 -con el referéndum del 1-O y la declaración de independencia- en que pese a sus intentos de diálogo que realizó el Gobierno catalán, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se negó a negociar. "La silla de enfrente siempre ha estado vacía", se ha justificado.

Se ha sentado ante el tribunal arropado por una delegación encabezada por el presidente del Parlament, Roger Torrent; el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés; la portavoz del Govern, Elsa Artadi y las consejeras Ester Capella y Teresa Jordá, entre otros.

La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Junqueras participó en el diseño del proceso independentista y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Asimismo, señala que obvió las advertencias que los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra le hicieron durante la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada en los días previos al 1-O sobre la alta probabilidad de que se produjeran incidentes violentos ese día.

El que fuera número dos de Carles Puigdemont tampoco va a responder a la batería de preguntas de la acusación popular Vox, como viene siendo habitual en este procedimiento, pues no lo ha hecho anteriormente durante la instrucción de la causa. El partido de Santiago Abascal solicita para Junqueras 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación de caudales públicos.

La pena que solicita la Abogacía del Estado es más leve, pues tan sólo exige la imposición de 12 años de prisión por sedición y malversación.

 

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