Cuatro jueces "amigos": el sueño de Podemos para el CGPJ que impide el acuerdo

La renovación del CGPJ, y a continuación la parcial del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, está congelada. Y no será por la predisposición del presidente del órgano de gobierno de los jueces, un Carlos Lesmes que ha insistido hasta la saciedad en ello, por escrito incluso, ante un Ejecutivo que no le ve con tan malos ojos: pese a las dudas iniciales, Pedro Sánchez no le ve como un adversario ni un insensible.

El problema es otro, y tiene un nombre: Pablo Iglesias. El acuerdo estaba prácticamente cerrado entre PSOE y PP, por la buena sintonía entre los responsables de Justicia de ambos partidos, el ministro Juan Carlos Campo, y el consejero madrileño del ramo, Enrique López. Magistrados ambos y los dos con experiencia en el CGPJ, el pacto estaba hecho hasta que irrumpió Podemos.

Fuentes cercanas a todos los protagonistas de las negociaciones confirman a ESdiario que el hilo se rompió cuando Iglesias exigió cuatro de los diez vocales del Consejo, casi el 50% de los que le "corresponden" al PSOE, que son los mismos que al PP: diez miembros, un empate entre ambos que, eso sí, rompería siempre un presidente de orientación progresista.

Tras el tira y afloja, Podemos aceptó quedarse en "solo" dos vocales, clave para romper mayorías frente al propio PSOE. Y temibles para el PP, que en ningún caso aceptó esa imposición que el presidente del Gobierno sí había asumido como mal menor, en la misma línea que otras como la presencia de Iglesias en la Comisión del CNI.

"No se puede aceptar que un dirigente que ataca a la justicia y a los jueces casi a diario tenga a sus peones en el órgano que decide nombramientos, sustituciones y muchas cosas relevantes", apuntan fuentes populares, convencidas de que, aunque no lo diga, en el fondo Sánchez piensa igual.

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Y en nota oficial, inusual por su contenido contundente, los populares han explicado toda la secuencia cronológica que ha terminado en una ruptura del consenso: fue Sánchez quien propuso el inicio de la negociación a Casado, mediante un simple Whatsapp fechado a 22 de julio. A partir de ahí, las exigencias de Podemos combinadas con sus ataques a la Corona, hicieron inviable proseguir.

Sánchez obvia los hechos

Pero lo cierto es que el líder socialista ataca ahora al PP por esta negativa, y asegura que el acuerdo estaba cerrado "al 99%", en palabras literales en TVE; y que no entiende las razones del parón. Pero las sabe. La ofensiva de Podemos contra la Corona, los ataques a la judicatura por investigar su Caja B y su disposición a "liberar" a los presos catalanes o a entenderse con Bildu, hacen imposible una rúbrica para la que estaba todo preparado.

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Y ello a pesar de que en Génova el recelo hacia Moncloa, en este asunto, es casi insuperable: se recuerda cómo arrambló con la Abogacía del Estado para "auxiliar" a Junqueras y compañía o cómo, sobre todo, nombró a su ministra Dolores Delgado para la Fiscalía General del Estado.

Más nombramientos

En ese contexto, con las asociaciones de jueces y fiscales presionando para que haya renovación, un hecho puede terminar de tensar la cuerda en la judicatura: Lesmes quiere presentarse al pleno del CGPJ del próximo 29 de septiembre con una lista de nombramientos en instancias cruciales.

Nada menos que tres salas del Tribunal Supremo, al menos una para la Audiencia Nacional y varias presidencias de Tribunales Superiores provinciales, algo que solivianta a la izquierda al considerar que esas decisiones no deben tomarse estando en funciones desde enero de 2019.

De hecho, el propio Lesmes ha asegurado, en su intervención en el inicio del Año Judicial en la sede del Supremo, que la falta de renovación del órgano de los jueces representa "una seria anomalía", exhortando "nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones".

Aún así, es difícil pronosticar la fórmula del desbloqueo. Pero no lo es apostar porque al final lo habrá. "Al final, en esta materia, PSOE y PP siempre se entienden por la cuenta que les trae", explican fuentes jurídicas a este periódico el mismo día en que el Rey Felipe ha abierto el año judicial más incierto en mucho tiempo.