27 de mayo de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Los Franco amenazan al Gobierno con “consecuencias criminales”

La Fundación del antiguo jefe del Estado ya ha avisado a la funeraria vía burofax de que emprenderán acciones penales si se decidieran a realizar ya el traslado.

Que se atenga “a las gravísimas consecuencias criminales”. Así de claro se lo ha dejado la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) al Gobierno si se decide a exhumar al antiguo jefe de Estado del Valle de los Caídos “sin que, previamente, el Tribunal Supremo se haya pronunciado sobre su procedencia, incluida la tutela cautelar”.

En un comunicado público, la organización que preside el general Juan Chicharro manifiesta sus temores ante las noticias sobre la existencia de un supuesto equipo en la funeraria que administra el tanatorio de San Lorenzo de El Escorial “listo para proceder a la exhumación en menos de cuatro horas conforme a planes desarrollados por Patrimonio Nacional en una operación relámpago de entrada y salida de la Basílica”

La Fundación confía en que que “nadie del Gobierno o de Patrimonio Nacional ni ningún directivo, empleado o trabajador contratado directa o indirectamente por ninguna funeraria o empresa de albañilería vaya a incumplir y desobedecer lo dicho por el Alto Tribunal”.

El auto judicial del pasado 17 de diciembre, recuerda la Fundación Franco, estipula que no puede “ejecutarse” la exhumación “sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrir y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar”, lo que implicaría “mostrar una voluntad rebelde de gravísimas repercusiones criminales”.

Aviso a la funeraria

La funeraria Nuestra Señora de la Jarosa, que administra el tanatorio de San Lorenzo de El Escorial, ya ha sido advertida, vía burofax, por la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC). El texto conmina a los responsables del tanatorio a atenerse a lo dispuesto por el Supremo en el mismo auto citado por la Fundación Franco –al tanto del aviso, como manifestó Juan Chicharro ayer a este diario–, apelando al momento en que la sala "se haya pronunciado".

En caso contrario, la asociación “plantearía de modo inmediato todas las medidas legales que fueran necesarias, contra todas aquellas personas y/o entidades que pudieran incurrir en acciones contrarias a la ley en este asunto, haciéndoles responsables en su caso”.

El Gobierno aprobó el viernes la resolución que pone fecha a la exhumación de Franco. El Ejecutivo socialista se concedió mediante “acuerdo motivado” la potestad de decidir “unilateralmente” en un plazo de 15 días la ubicación elegida para reinhumar los restos, ante el rechazo frontal de la familia a ofrecer un sepulcro alternativo a la madrileña catedral de La Almudena.

 

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