Sánchez "confiesa" en la ONU que se deja aconsejar por Venezuela con Cataluña

Nada nuevo bajo el Sol, pero ahora está puesto por escrito y ante la ONU. El Gobierno de Sánchez e Iglesias recibe recomendaciones sobre cuestiones políticas del régimen de Maduro y además, las da por buenas, como en el caso de Cataluña.

De hecho, en las respuestas y observaciones del Ejecutivo en relación con el examen periódico universal (EPU) al que España se sometió el pasado mes de enero en Ginebra queda patente que el Gobierno acepta la recomendación de Venezuela de "iniciar un diálogo constructivo con el pueblo catalán y sus instituciones" con el argumento de que ya "mantiene un diálogo fluido y constructivo con las instituciones de todas las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales "otros instrumentos bilaterales de cooperación".

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 Además, detalla que en febrero de 2020 se creó "un nuevo espacio de encuentro" a través de la "Mesa de diálogo, negociación y acuerdo" entre los dos gobiernos y la Comisión Bilateral de Cooperación Generalitat-Estado "con el fin de buscar soluciones en el marco de la Constitución y de la ley", alineándose así con la petición de la dictadura bolivariana.

Junto a ello, también ha puesto de manifiesto su marcado carácter antimonárquico ya que ha señalado ante las autoridades internacionales que pretende "llevar a cabo una revisión de los delitos de injurias a la Corona", y también de los delitos contra los sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal, con el argumento de "garantizar la libertad de expresión y opinión revisando el Código Penal para asegurar que sus delitos están alineados con definiciones reconocidas internacionalmente".

Llueve sobre mojado

En conjunto, el Gobierno ha aceptado totalmente 252 de las 275 recomendaciones recibidas, un 91 por ciento del total, según ha explicado el embajador español ante las instituciones de la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller.

Por otro lado, el Ejecutivo acepta solo parcialmente 13 recomendaciones, con las que está de acuerdo en términos generales pero no puede aplicar totalmente, ya sea porque disiente acerca del modo de llevarlas a cabo o porque existen factores de orden jurídico, presupuestario o constitucional, según ha explicado el embajador.