Imputan al exconsejero Alfredo Prada por el agujero del Campus de la Justicia

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado en calidad de investigado al que fuese vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, así como a tres cargos del proyecto por las irregularidades en el Campus de la Justicia.

Su imputación salpica de rebote a Pablo Casado, puesto que Prada es desde julio, y por decisión del líder del PP, el presidente de la Oficina del Cargo Popular, un organismo encargado de examinar y determinar la idoneidad de los candidatos electorales.

En concreto, Prada deberá comparecer ante el juez el próximo 27 de marzo, cuando también han sido citados el arquitecto y director general técnico del proyecto Isabelino Baños, el subdirector técnico José Sanz Piñar y el director del área financiera del Campus de la Justicia de Madrid (CJM), Alicio de las Heras.

El auto señala que la sociedad "no seguía ningún criterio de racionalidad económico ni organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil".

Además, indica que "todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados".

De la Mata cita a estas cuatro personas en tanto que responsables del desarrollo económico y contractual de la sociedad que se constituyó para el Campus de la Justicia de Madrid, tras analizar el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 sobre el proyecto, que arroja diversas irregularidades en distintos ámbitos.

En concreto, revela la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería o del inmovilizado y un archivo de documentación que era "un verdadero caos".

La instrucción tiene su origen en una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de septiembre al hilo de ese mismo informe de la Cámara de Cuentas, que cifró el importe total de la contratación analizada en más de 355,5 millones de euros para un proyecto del que solo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal -que no llegó a tener ni luz-, aunque inacabadas y en situación de abandono.