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Cristina Cifuentes irá a juicio por falsedad documental en su máster
La magistrada cierra la instrucción y procesa a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y al director del Instituto de Derecho Público Autonómico, Enrique Álvarez Conde.
Cristina Cifuentes tendrá que sentarse en el banquillo por su máster. La juez titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha decretado el procesamiento de la expresidenta de la Comunidad de Madrid por un delito de falsedad documental en relación a las presuntas irregularidades en el posgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.
El escrito incluye al exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico, Enrique Álvarez Conde, a la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora de Educación Maite Feito Higueruela.
El auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– da por cerrada la fase de instrucción y ordena la apertura del juicio oral, que se celebrará en el momento en que se formulen los escritos de acusación. Contra este escrito cabe recurso de reforma y apelación.
La magistrada considera que las explicaciones de Cifuentes durante su declaración, del pasado verano, “no resultaron creíbles”. La que fuera presidenta del PP madrileño aseguró ante la juez entonces que sí cursó el máster, pero si no lo tenía era porque se le extravió durante una mudanza. “Significativo es el hecho de que no conserve copia del trabajo, ni de los sucesivos borradores, ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera a corrección del profesor Álvarez Conde o cualquier correo electrónico de este corrigiéndolo”, señala en el auto, citado por el diario ABC.
El procesamiento de Cifuentes llega en paralelo al archivo del caso de Carmen Montón, tras una denuncia anónima contra la exministra de Sanidad por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación, también sobre su título en la URJC. La titular del Juzgado de Instrucción número 51, que remitió sin éxito el máster de Casado al Supremo, ha atendido al criterio de la Fiscalía y ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones “al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna”.
