Indignación en Valencia: Puig y Oltra se suben el sueldo por segunda vez

Las Cortes Valencianas han convocado con carácter de urgencia este miércoles, a instancias del Consell, una sesión de la Diputación Permanente con un único punto del orden del día: la convalidación o derogación del Decreto ley 2/2017, de 14 de julio del gobierno que preside el socialista Ximo Puig, por el que se modifica la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017 en lo relativo a los sueldos de su personal.

El decreto surge a raíz de la aprobación a nivel nacional de la subida de sueldo a los empleados públicos. Hasta ahí nada que objetar. Las dudas comienzan a surgir cuando el primer punto del decreto hace referencia a la subida de sueldo de un 1% al president de la Generalitat, los consejeros, secretarios autonómicos y directores generales, por delante de la subida salarial de las personas al servicio de la Generalitat. Es la segunda subida de sueldo de los altos cargos en esta legislatura.

Ahora, el president de la Generalitat Ximo Puig pasará a cobrar 68.975,12 euros brutos anuales (1.360 euros más que su predecesor) además de un plus de vivienda de más de 9.000 euros. La medida contrasta con la bajada en las retribuciones en dos ocasiones del ejecutivo del popular Alberto Fabra en la legislatura anterior y la vinculación del sueldo al cumplimiento del objetivo de déficit en las cuentas públicas de la Comunitad, una medida novedosa que se aplicó en 2013.

Entonces, los altos cargos de la Generalitat y el personal directivo del sector público empresarial se bajaron el sueldo un 2,02 por ciento, como resultado de la diferencia entre el déficit del 3,52 por ciento alcanzado por la Generalitat en el anterior ejercicio y el 1,5 por ciento autorizado por el Gobierno central.

Por el contrario ahora los consejeros, con la vicepresidenta Mónica Oltra a la cabeza, pasarán de cobrar 57.599 euros en la anterior legislatura a 58.757 euros anuales tras la aprobación del decreto. Pese a todo, el sueldo de los consejeros valencianos es el más bajo de los consejeros autonómicos en España. Así, un miembro del gobierno de la Generalitat de Cataluña cobra unos 100.000 euros brutos anuales.

En 2012 se aprobó otra orden por la que ningún directivo de empresa pública pudiera cobrar más que el president de la Generalitat, una medida que en su momento afectó a cerca de treinta altos cargos de entidades públicas.

También surgen dudas por las formas. Los grupos parlamentarios de PSPV, Compromís y Podemos que dan soporte al llamado Pacto del Botànic han aprobado convocar de manera urgente una Diputación Permanente fuera del periodo de sesiones ordinario para una cuestión pecuniaria que afecta directamente al bolsillo de los altos cargos  y, sin embargo, han impedido al mismo tiempo la comparecencia solicitada por el PP y Ciudadanos de la vicepresidenta Oltra para explicar su polémico y reciente viaje a Oriente Medio y del presidente Puig por la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).

Al parecer, nada importa si el Consell tiene prisa por aprobar urgentemente esta subida de sueldo y poder beneficiarse cuanto antes de un incremento que tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero. Desde el grupo popular en las Cortes denunciaron, tras la Junta de Síndics que aprobó la Diputación Permanente, que "desde el Consell no quieren comparecer, no quieren explicar qué van a hacer en materia educativa, ni porqué gastan el dinero de los valencianos en viajes que no tiene competencias pero sin embargo no tiene problemas en aprobar un Decreto para subirse el sueldo".

Desde el gobierno de Puig y Oltra justifican la convocatoria en que este decreto ley es una transposición de la norma del Gobierno central y que la subida salarial del 1% fue pactada con los sindicatos.