23 de agosto de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Arrimadas exhibe la foto de los Mossos que la Generalitat lleva 3 años ocultando

Rivera y Arrimadas.

Rivera y Arrimadas.

El Gobierno catalán sabe bien lo que es impedir las urnas de un referéndum ilegal. Mas envió a los Mossos en 2014 a requisarlas en una pseudoconsulta patrocinada por movimientos sociales.

Todos los protagonistas del desafío secesionista del 1 de octubre tienen puesta su mirada en los 17.000 agentes que integran los Mossos  y su posible actuación ante la colocación de las urnas del referéndum ilegal.

El Gobierno central contaba con que bajo la dirección de su antiguo responsable, Albert Batllé, la Policía catalana cumpliría las resoluciones del Tribunal Constitucional e impediría la colocación de esas urnas. Sin embargo, el relevo de Batllé por Pere Soler; y el del exconsejero de Interior, Joan Jané, por Joaquín Forn, han llevado las dudas al Palacio de La Moncloa.

Tanto como la Generalitat pone el grito en el cielo ante la advertencia del Gobierno de que no permitirá urnas y resulta que ella misma, con Artur Mas al frente, obligó no hace tanto a los Mossos a retirar urnas de la calle.

Ocurrió en la pseudoconsulta organizada el 25 de mayo de 2014 por varias plataformas sociales y vecinales, ilegalizada por el Tribunal Supremo. Aquella jornada los Mossos retiraron las urnas ilegales e impusieron infracciones por la colocación de las mesas electorales. Así lo ha recordado en las últimas horas la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, difundiendo la imagen de la actuación de la Policía catalana.

Para evitar posibles actuaciones similares, la Generalitat lleva semanas jugando al gato y al ratón sobre la adquisición de las urnas para el 1-O. El propio Puigdemont negó este domingo en La Vanguardia que estas estuvieran depositadas en el consulado de Lituania en Barcelona, tal como algunos medios habían publicado.

En concreto, los Mossos d'Esquadra suscribieron aquel 25-M un total de 146 actas administrativas en diferentes puntos de Cataluña por la instalación de urnas. El entonces consejero de Interior, Ramon Espadaler (Unió Democrática), explicó entonces que fueron identificaron 500 responsables de las mesas y se denunciaron a los representantes de 9 mesas por desobediencia, ya que se resistieron a acatar la prohibición.

Y es que aquella consulta, impulsada por algunas plataformas sociales ante los severos recortes presupuestarios del gobierno de Convergencia y a la que se sumaron la Asociación Nacional Catalana, y partidos como Iniciativa Per Cataluña, así como líderes en ciernes, como Ada Colau, no gustó nada al entonces inquilino de la Generalitat, Artur Mas, que ordenó a su propio consejero de Interior que requisara las urnas atendiendo la resolución del Tribunal Supremo.

La pseudoconsulta se produjo además en vísperas de las elecciones europeas.  En ella, los organizadores pretendían preguntar sobre la construcción del millonario macroproyecto Barcelona World Trade, sobre los recortes en la sanidad pública o sobre el pago de la deuda catalana.

En determinados municipios, fueron los agentes de la diferentes policías locales las que impidieron que los promotores del multireferéndum instalaran las urnas en la calles, por ocupación de la vía pública sin permisos municipales.

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