El ultimátum de doce jueces a Torrent retumba en el Parlament y la Generalitat

Último aviso. El pleno del Tribunal Constitucional ha vuelto a advertir este martes, por tercera vez, al presidente del Parlament, Roger Torrent, de las posibles responsabilidades, incluidas la penal, en las que puede incurrir si ignora las resoluciones del propio tribunal de garantías.

Lo ha hecho a raíz de la admisión a trámite de los tres últimos incidentes de ejecución de sentencia planteados por el Gobierno contra el acuerdo de la Mesa en los que se reiteran la disposición a debatir sobre el derecho de autodeterminación, la pretendida soberanía del pueblo catalán o la reprobación al Rey Felipe VI.

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El TC se ha reunido de urgencia, celebrando un pleno extraordinario, para estudiar si admitían o no a trámite los recursos que el Consejo de Ministros acordó presentar el pasado jueves contra la admisión a trámite, el pasado 22 de octubre, por la Mesa del Parlament de una propuesta de Junts, ERC y la CUP en la que se rechaza la sentencia del Tribunal Supremo, así como el acuerdo de la misma Mesa de 29 de octubre en el que se rechazó las solicitudes de reconsideración que presentaron PSC, Cs y PP.

Así, por la invocación del artículo 161.2 de la Constitución por parte del Gobierno, el Constitucional ha dejado en suspenso la vigencia del apartado 11 de la referida propuesta de resolución impugnada, en cuanto a que expresa que el Parlamente "reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y diputadas... la reprobación de la Monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político".

Tras dos avisos consecutivos, los magistrados vuelven a hacer una tercera advertencia al presidente del Parlament, al secretario general Xavier Muro i Bas; y a los miembros de la Mesa Josep Costa, Joan García , Eusebi Campdepadrós, David Pérez , Laura Vílchez y Adriana Delgado i Herreros "de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir", tal y como solicitó el Gobierno.

El TC también ordena al Parlament que en un plazo de tres días remita las actas de la sesión de la Mesa de 22 y 29 de octubre así como los informes y documentos relativos a los citados acuerdos y la resolución sobre la solicitud de reconsideración formulada por varios grupos parlamentarios. Una vez se reciban estos documentos solicitados, se dará traslado a Fiscalía y al Parlamento de Cataluña para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.