Industria condiciona el abandono del carbón al interés general

Iberdrola tiene un objetivo, quiere llegar a un nivel de reducción de la intensidad de emisiones de CO2 en un 50% en el año 2030 respecto a los niveles de 2007 y ser neutra en carbono en 2050, y para ello la semana pasada daba un primer paso importante solicitando la autorización de cierre de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) ante el Ministerio de Energía, plantas que suman una potencia de 874 MW. Ese dato es un porcentaje mínimo del global de producción nacional de carbón, que se alza hasta los 10.900MW, pero podría suponer el punto de partida para un conflicto que el gobierno no quiere.

Si al anuncio de Iberdrola se sumasen las centrales de Compostilla y la turolense Andorra de Endesa, que ya suman 2.300 MW, el problema empezaría a ser bastante importante, y es por ello que Álvaro Nadal ha acelerado la norma que ya tenía en la recámara. La nueva normativa quiere asegurar que las decisiones de cierre sean coherentes con los instrumentos de planificación energética y se encuentren subordinadas al interés general, aseguraba el Ministro. La misma afectará a instalaciones de más de 50 MW.

Será Red Eléctrica, empresa participada por el Estado que gestiona la operación del sistema, la que considere si la ausencia de estas centrales pone en riesgo la seguridad de suministro en cada zona. Al propietario de la instalación se le exigirán informes económicos, técnicos o ambientales que justifiquen la medida. Si Energía deniega el cierre, la empresa deberá seguir con la operación o vender la central en una subasta regulada. Así se verá "si tiene valor económico para un operador distinto". Eso sí, si no es posible la venta, se podrá aprobar un esquema de compensación económica.

El borrador de real decreto se lanza mientras el comité de expertos de la Ley de Transición Energética, presidido por Jorge Sanz Oliva, delibera precisamente acerca de cómo acometer el cierre de centrales. El ministro de Energía aseguró ayer desde Zaragoza que los cierres de centrales eléctricas tienen que ser "compatibles" con la política energética y apeló a la necesidad de mantener el carbón dentro del mix energético. 

Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmó en la Cumbre del Clima de Bonn (Alemania) que, tras el cierre, la empresa elevará al 70% su producción libre de emisiones de CO2. Su apuesta por las energías limpias y la sostenibilidad energética es una realidad, no en vano el grupo Iberdrola ya cuenta con 28.778 MW de capacidad operativa a través de fuentes renovables de producción de energía, fundamentalmente eólica, tanto terrestre como marina (15.902 MW), e hidroeléctrica (12.756 MW). Iberdrola ha pedido al Parlamento Europeo que apruebe unos objetivos medioambientales más ambiciosos para el año 2030, incrementando la cuota de energías renovables hasta el 35% frente a la propuesta actual del 27%.