AVA, preocupada por la situación de los agricultores ante el nuevo Consell

Elena Cebrián, Ximo Puig y Cristóbal Aguado en unas jornadas sobre la mujer rural

Elena Cebrián, Ximo Puig y Cristóbal Aguado en unas jornadas sobre la mujer rural

El malestar ante la gestión realizada por la hasta ahora consellera Elena Cebrián hace pensar a la asociación que "un conseller socialista podría beneficiar más al campo valenciano".

La creación del nuevo Consell y, concretamente, de quién ocupará la Conselleria de Medio Ambiente en el nuevo Botànic II, preocupa mucho a la Asociación Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA. El malestar ante la gestión realizada por la hasta ahora consellera Elena Cebrián (independiente designada por la cuota de Compromís) hace pensar a la asociación que "un conseller socialista podría beneficiar más a los intereses del campo valenciano".

El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, ha criticado en numerosas ocasiones el trabajo de la Administración autonómica, a la que ha acusado "de no velar por las necesidades reales de los agricultores de la Comunitat". Aguado llegó a decir incluso que muchos de los integrantes de la Conselleria de Agricultura fueran "iluminados y filósofos" que sólo miraban "bajo el prisma de la agricultura ecológica", algo necesario y muy válido, "pero sin dejar de lado ni olvidarse de la agricultura convencional". 

A juicio de la Asociación Valenciana de Agricultores, durante los últimos años, cada conseller que ha llegado a l Conselleria ha hecho un programa diferente, "haciendo y deshaciendo lo del anterior responsable", por lo que exige al nuevo gobierno de Puig y Oltra que no ocurra lo mismo con la persona que tenga que dirigir los próximos cuatro años el departamento de Agricultura.

Las preferencias de AVA-ASAJA están más cercanas a que la cartera sea ocupada por un socialista o una socialista, ya que considera que el programa del PSPV-PSOE en materia de agrícola "es más concreto" y "apuesta por la modernización y mejora de las explotaciones agrarias; la petición al Gobierno de  España a participar en las inspecciones que realiza la Unión Europea a países como Sudáfrica, en el tema citrícola; o el desarrollo de un programa de investigación específico sobre métodos de lucha contra la xylella fastidiosa en la Comunitat Valenciana".

Para Aguado, la actuación de Cebrián en estas cuestiones concretas "no ha estado a la altura" y el malestar que ha expresado continuamente el sector citrícola "no ha sido atendido por la consellera como debía". La desastrosa marcha de la campaña naranjera o exigir medidas concretas que contribuyeran a enderezar la ruinosa situación, "no han contado con medidas concretas", indican. Al mismo tiempo acusan a la Conselleria de Agricultura de haberle reclamado decisiones políticas que sirvieran para evitar en años venideros problemáticas más graves aún, como el desaforado aumento de las importaciones baratas de naranjas y mandarinas que llegan a la UE desde Sudáfrica y otros países terceros, "sin obtener la ayuda que esperábamos", señalan. 

Fruto de este disgusto general, "que con el tiempo ha ido a más", según AVA, el nuevo Consell debería tener en cuenta "las diversas reivindicaciones y manifestaciones que hemos exigido durante estos últimos cuatro años", manifiestan.

Recurso contra la decisión de conceder al IVIFA la totalidad de las ayudas para distribuir fruta en los colegios

El último 'encontronazo' de la organización agraria con la Conselleria de Agricultura se ha producido estos días por la decisión del departamento que dirige Cebrián de conceder al IVIFA (Institut Valencià d´Investigació i Formació Agroambiental) la totalidad de las ayudas para distribuir fruta en los colegios.

Los servicios jurídicos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) están preparando la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de justicia contra dicha resolución en virtud de la cual, y tal como ya denunció esta organización agraria, se otorga la totalidad del presupuesto contemplado para el programa de distribución de fruta en los colegios solo a esta entidad; es decir, a la fundación creada por la Unió de Llauradors i Ramaders, mientras que las solicitudes de las otras ocho entidades que también presentaron proyectos para el mismo fin -entre ellas AVA-ASAJA- fueron rechazadas aduciendo "falta de presupuesto".

En la resolución, firmada por la directora general de Desarrollo Rural y Política Agraria Común de la conselleria, María Teresa Cháfer, y publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) el pasado 30 de mayo, se concreta que la entidad vinculada a la Unió de Llauradors recibirá una cantidad total de 1.828.062 euros -1.611.682 de los cuales proceden del programa de distribución de frutas y hortalizas y los 216.380 restantes del capítulo correspondiente al reparto de leche y productos lácteos en los colegios-, lo que equivale al presupuesto completo incluido en esta medida, de tal manera que ninguna de las otras ocho entidades solicitantes podrán prestar dicho servicio en las escuelas.

AVA-ASAJA ya expresó entonces su malestar por entender que los criterios empleados por la dirección general de Cháfer resultan tan arbitrarios como discutibles y ahora se personará en los tribunales mediante un recurso a través del cual se reclama el expediente administrativo completo sobre la concesión de estos fondos como paso previo a la formalización de la correspondiente demanda.

Las averiguaciones que se están llevando a cabo alimentan la firme sospecha de que a algunos de los colegios incluidos en este programa de reparto de frutas y productos lácteos habría llegado el material formativo a sus instalaciones antes incluso de que se publicase la resolución de las ayudas en el DOGV. Al mismo tiempo también resulta, cuando menos, llamativo que la coordinadora de esta iniciativa en el IVIFA pertenezca a la misma formación política -Compromís- que la directora general María Teresa Cháfer.

De lo que se trata precisamente mediante la interposición de este recurso es abrir una investigación que permita dilucidar sin ningún género de dudas si la conselleria ha procedido conforme a los preceptos legales o ha incurrido en alguna irregularidad o un presunto trato de favor motivado por razones políticas.

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