18 de octubre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La bomba de humo de los aforamientos acaba en caos y se vuelve contra Sánchez

Pedro Sánchez, este martes al presidente de Murcia.

Pedro Sánchez, este martes al presidente de Murcia.

Los socios del PSOE no se conforman con la reforma limitada de la Constitución y exigen derogar la inmunidad de Felipe VI y nuevas concesiones "legales" a los independentistas.

Derogar la inmunidad del Rey Felipe, modificar el modelo territorial, introducir la legalidad de los referendos convocados por las autonomías e, incluso, hacer constitucional el derecho de autodeterminación y una "visión feminista" de España. Y, por si fuera poco, al final del camino, someter todos estos cambios en la Carta Magna a la consulta de los españoles.

Como muchos expertos se temían, la improvisada propuesta de Pedro Sánchez para la reforma exprés de la Constitución con el fin de suprimir en 60 días los aforamientos de los cargos públicos, ha degenerado en apenas unas horas en un auténtico caos, un mercado persa y un "qué hay de mi libro" en boca de nacionalistas vascos, independentistas catalanes y los populistas de Podemos.

De paso, y en el peor momento, le ha hecho un roto al Rey Felipe VI y ha expuesto a la Jefatura del Estado a nuevas tensiones en la coyuntura más delicada por la que ha atravesado el Palacio de La Zarzuela en décadas.

Tras el sorprendente conejo de la chistera que este lunes hizo público Sánchez -sin consulta previa al Consejo de Estado, ni al resto de partidos -los votos del PP son imprescindibles para una reforma constitucional de este calado-, el PSOE cayó en la propia trampa urdida por La Moncloa para pasar página del supuesto plagio de la tesis del presidente.

El primero en ver la puerta que abre la novatada del Gobierno fue el PNV, que aprovechando el debate este martes de una proposición de Ciudadanos sobre los aforamientos, puso su punto de mira en el Rey. En una enmienda al texto del partido naranja, instó al Congreso "en el plazo más breve posible, a la reforma de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico de su competencia  (...) para modificar el artículo 56.3 a fin de suprimir la inviolabilidad del Rey".

La propia portavoz socialista, Adriana Lastra, tuvo que salir de inmediato para ratificar el carácter "limitado", a los cargos políticos, de la propuesta de Sánchez. Pero de nada sirvió. El PDeCAT dio el paso a continuación. "El Gobierno debe saber que si se abre esa puerta los grupos políticos vamos a plantear otras modificaciones", advirtieron los independentistas.

Pero, también, Podemos exige mucho más a Sánchez. Su portavoz, Ione Belarra, lo expuso este martes así de claro. "Todos los grupos tienen derecho a plantear sus propuestas con idea de acometer una reforma profunda que incluya otros temas como una reforma electoral, un procedimiento de regeneración profunda, una visión feminista, eliminar las puertas giratorias o blindar derechos sociales como la vivienda".

Y, apostilló, "todo el proceso debe completarse con un referéndum donde los ciudadanos voten, una consulta que no se hizo en 2011 con la reforma del artículo 135 de la Constitución y que ahora Unidos Podemos garantiza dado que bastan 35 diputados para forzar su celebración".

 

 

 

Finalmente, en el ensayo general que supuso en el Congreso el debate y votación de la citada proposición de Ciudadanos, quedó claro que tanto Podemos, como PNV y los partidos catalanes no se van a conformar con la reforma limitada que defiende el líder del PSOE.

Los morados y los nacionalistas vascos se descolgaron -con una abstención- precisamente por el hecho de que la iniciativa no incorpora derogar la protección jurídica que la Carta Magna concede al Jefe del Estado. En palabras de Ione Belarra: "Nos cuestionamos que en una democracia como la española haya algunas personas que por apellidarse Borbón no respondan ante la justicia como el conjunto de los ciudadanos".

También grupos como Compromís o ERC afearon a Cs que tan solo quiera hacer una supresión de aforamientos para "unos pocos". 

Y es que, de nuevo, Sánchez y sus 84 diputados han chocado con la cruda realidad. La lealtad de sus socios de limitó a sus votos para echar del gobierno a Mariano Rajoy. Después, cada apoyo conlleva su factura correspondiente. Incluso a costa de poner en solfa la propia Constitución.

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