Los 21 se arriesgan y se mofan de las advertencias del TC

En tiempo récord y tal como se preveía el Tribunal Constitucional admitió este miércoles a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno y, por tanto, suspendió la vigencia de la declaración independentista aprobada el lunes por el Parlament para dar comienzo al proceso de ruptura con España.

En el texto, el TC no sólo suspende la declaración, sino que advierte a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; al presidente en funciones, Artur Mas, y a otros 19 altos cargos de Cataluña de que pueden incurrir en responsabilidad penal si incumplen la suspensión decretada al admitirse a trámite, de forma unánime, el recurso presentado este mismo miércoles por la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlamento de Cataluña que anuncia el comienzo del procedimiento independentista.

Este apercibimiento, que se adopta de forma inédita por el tribunal de garantías, había sido solicitado expresamente por el Gobierno en el texto de su impugnación, en el que se pedía que esta providencia se notificara a un total de 21 altos cargos, apercibiera de las consecuencias incluso penales de ignorar esta decisión y añadiera la prohibición también expresa de que la cámara autonómica pueda emprender iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución. En su resolución, el tribunal de garantías recuerda a estos 21 altos cargos su deber de cumplir sus resoluciones y les apercibe de que podrían incurrir en la comisión de un delito de desobediencia en caso de ignorarlas.

De momento parece que el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que seguir cumpliendo con su hoja de ruta, porque antes de que al presidente del Gobierno le diera tiempo de felicitarse por la "rapidez" del Constitucional, ya estaba la vicepresidenta del Govern, Neus Munté, anunciando que el Ejecutivo catalán tiene la "voluntad" de aplicar la resolución independentista pese a que el Tribunal Constitucional haya decidido suspenderla.

"La voluntad es sacar adelante el contenido de la resolución. Los motivos son claros: es el mandato de un Parlamento soberano", amenazó en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras saberse la decisión del alto tribunal. Munté aprovechó para acusar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de haber impugnado la resolución soberanista ante el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de utilizar la justicia "para poner una mordaza a los anhelos de libertad y democracia".