19 de septiembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Alarma en el Estado

Se está creando el ministerio número 23 del Gobierno, que es el Ministerio de la Propaganda en manos del asesor de la Moncloa Iván Redondo.

 

 

Leyendo la cita del escritor Estadounidense Charles Bukowski: “La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”, me he planteado lo peligroso que es que se toleren los “tics” autoritarios de este Gobierno. 

Desde el 15 de marzo España se encuentra en una situación de anormalidad constitucional. Estamos ante un Gobierno que tiene los poderes más amplios de toda nuestra historia democrática. Y es por ello que debía ser muy cuidadoso a la hora de tomar decisiones, o anunciar medidas que estén bordeando la legalidad, incluso estando en Estado de Alarma.

En este sentido, se puede destacar la propuesta de crear "Arcas de Noé" para el confinamiento de personas que hayan dado positivo y sean asintomáticas, sin contar con su voluntad expresa. Una limitación a la libertad de las personas, fuera de sus domicilios que no tiene amparo normativo.

De hecho, Pedro Sánchez ha pedido a los presidentes autonómicos que le faciliten la lista de instalaciones, en las cuales poder realizar dicho confinamiento cuando se generalice el uso de los test y, sea posible identificar a los sintomáticos.

Una vez más como muestra de la improvisación, el Gobierno no sabe gestionar este asunto. Basta prestar atención a las declaraciones de los ministros de Sanidad y Justicia cuando se les pregunta por esta cuestión y podremos apreciar las dudas, inseguridades y contradicciones en las que incurren.

Pero sigamos hablando de limitación de derechos fundamentales por parte de este Gobierno. Con pavor hemos escuchado las declaraciones del ministro del Interior indicando que el Gobierno está monitorizando las redes sociales "con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos o delictivos", así como detectar las "campañas de desinformación".

Una vez más el Gobierno está sustrayendo al Poder Judicial una función que le es propia. El control de las comunicaciones de las personas, o la limitación de la libertad de expresión no están autorizadas por la regulación sobre el Estado de Alarma.

 

Es necesario, que se diga de forma clara y transparente quién es el encargado de decidir que mensaje es adecuado o no, donde se registran estos mensajes, y, sobre todo, si el Poder Judicial va a poder controlar al que ha asumido el poder de controlarnos a los ciudadanos

De igual manera, con claro desconocimiento del respeto a los derechos de las personas, el Gobierno ha anunciado que va a llegar a cabo la geolocalización de las personas para poder controlar la expansión del Covid-19.

En las ruedas de prensa diarias, el Gobierno ha hecho hincapié en que los datos que se obtengan serán tratados de manera anónima. Sin embargo, he de manifestar mis dudas sobre este sistema y, sobre todo, por el mal uso que puede hacerse del mismo para tener a la ciudadanía bajo control gubernativo.

 

 

¿La Justicia conocerá qué se hace con los datos que se obtengan?, ¿Qué opina la Agencia de protección de datos? Porque la alternativa es el control de nuestros datos más íntimos por oscuros organismos sin transparencia alguna.

 Por otro lado, el derecho a la información ha estado limitado durante semanas, así los medios de comunicación no pudieron fiscalizar adecuadamente las actuaciones del Gobierno. Solamente los elegidos por el Secretario de Estado de Comunicación tenían acceso a la posibilidad de preguntar al presidente Sánchez en sus homilías interminables, hasta que se plantaron cientos de periodistas. Han intentado evitar la fiscalización de los medios de comunicación los que pretenden fiscalizarnos sin control alguna a los ciudadanos.

Se está creando el ministerio número 23 del Gobierno, que es el Ministerio de la Propaganda en manos del asesor de la Moncloa Iván Redondo, que se está encargando de determinar qué es verdad y qué es mentira; me preocupa esta deriva autoritaria que está transmitiendo este Gobierno, porque no es lícito que nos estén dando a elegir entre seguridad o libertad, porque  los ciudadanos en una sociedad democrática queremos seguridad en libertad y libertad de estar seguros.

Resucitar el tribunal franquista

Fruto de esta política es el reconocimiento hecho por el  número dos de la Guardia Civil cuando ha afirmado que tiene  como misión “minimizar el clima contrario al Gobierno”, lo cual en la práctica supone  resucitar el Tribunal de Orden Público franquista  por orden de Sánchez e Iglesias.

He de manifestar que estamos en estado de alarma, pero no olvidemos que las alarmas en el Estado también han saltado. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional tendrán mucho que decir sobre si se están dictando órdenes ministeriales que, sin tener rango de ley, están restringiendo derechos fundamentales como el de la propiedad privada, el de intimidad, el de expresión, el de libertad de prensa y el de fijar libremente nuestro domicilio entre otros.

La normativa  constitucional y la Ley Orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, no permiten que durante un estado de alarma, el Gobierno vulnere  derechos fundamentales.

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