Los jueces exigen a Marlaska protección: los CDR les lanzan heces en Cataluña

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, un plan integral de protección de los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña, "ante los ataques ocurridos en los últimos días en sedes judiciales", a las que se han arrojado pintura y heces.

En un comunicado, el ente ha explicado que la Comisión Permanente del CGPJ ha acordado esta petición por unanimidad, que también solicita a la Fiscalía General del Estado que investigue los hechos.

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Han requerido a la Fiscalía que supervise las actuaciones de "investigación y persecución de esos ataques que se estén llevando a cabo por las fuerzas policiales con competencia en la materia para asegurar su suficiencia y corrección y descartar que se puedan producir omisiones que den lugar a la exigencia de responsabilidades".

El acuerdo afirma que la premisa básica y elemental de la independencia del Poder Judicial es que los jueces y magistrados puedan desempeñar sus funciones con el debido clima de sosiego y tranquilidad que incluye, "la garantía de seguridad e integridad de sus personas, las de sus familias, sus bienes", sus colaboradores y los lugares donde prestan servicio.

Ataques a jueces, a sus familias y a sus bienes

Para que esa garantía se haga efectiva, es preciso que los poderes públicos que tienen competencias "asuman de manera efectiva las tareas de prevención" y persigan los delitos, a la vez que defiende que asegurar la seguridad e integridad de jueces y magistrados es una garantía para los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad democrática real, afirman.

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El Consejo asegura que observa con preocupación cómo en Cataluña "se reproducen y multiplican los ataques a jueces, a sus familias, a sus bienes y a las instalaciones judiciales", que se iniciaron hace algunos años alentadas por miembros de instituciones que promovieron manifestaciones ante sedes judiciales, ofendiendo las condiciones constitucionales de división de poderes, ha considerado.

"Posteriormente, esas actitudes han degenerado en conductas criminales y se han multiplicado, al tiempo que se exponen como 'acciones' de grupos que se identifican bajo nombres o siglas conocidas", y añaden que mayor preocupación les produce el hecho que algunas sean jaleadas, según el consejo, por algún alto representante de las instituciones catalanas.