Imputada la alcaldesa de El Puig por "chantajear" y echar a la interventora

El juzgado de primera instancia de instrucción nº 3 de Massamagrell ha citado a declarar como investigada -lo que se conocía anteriormente como imputada- a la alcaldesa socialista de El Puig, Luisa Salvador, por un presunto delito de prevaricación tras presuntamente amenazar, chantajear y echar del Ayuntamiento a la interventora municipal.

La historia se remonta a cuando la secretaria advierte de diversas irregulridades en tres áreas del Ayuntamiento y da un plazo de un mes para subsanarlas, plazo que se prolongó tres meses. Mientras que el resto de áreas corrigieron las irregularidades, el área de personal no lo hizo, y la interventora emite un informe desfavorable que se lleva al pleno del Ayuntamiento.

El equipo de Gobierno llevó el informe al pleno pero con carácter informativo y no para votarlo, y ante las protestas de la oposición, descalificó el informe y sus conclusiones, por lo que la interventora tomó la palabra y defendió la validez de las conclusiones del informe así como la existencia de irregularidades en los pagos a los trabajadores.

Ante esta situación, presuntamente la alcaldesa y otros concejales se reunieron con la interventora y le presionaron para que retirara las irregularidades que señalaba, o de lo contrario revocarían su comisión de servicio y la echarían de interventora. Lo que viene a ser coloquialmente un chantaje. Ante la negativa de la interventora, días después fue revocada su comisión de servicios para echarla del Ayuntamiento de El Puig.

Para más inri, días antes el propio Ayuntamiento mediante decreto de alcaldía, el 25 de noviembre de 2019, había dado su visto bueno a la comisión de servicios de la interventora. Días después, el 4 de diciembre de 2019, otro decreto de alcaldía declaraba nulo la comisión de servicios de la interventora, presuntamente como represalia por no ceder con el informe de irregularidades.

El Partido Popular y Ciudadanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía por un posible delito de amenazas y coacciones, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Ahora el juez de Massamagrell cita como investigada a la alcaldesa por prevaricación, ya que la revocación de la comisión de servicios para echar a la interventora se habría hecho además sin informe jurídico y expediente administrativo previo. A falta de lo que luego decida el juez, si sigue adelante y procesa a la socialista Luisa Salvador o no, la cuestión es que el asunto empieza a oler mal en la localidad de l'Horta Nord.